El obispo auxiliar de Jerusalén, William Shomali, ha pedido ayuda a gobiernos y comunidades religiosas extranjeras para frenar la amenaza de expropiación de terrenos en el valle de Cremisán [propiedad de comunidades cristianas], destinados a la ampliación del muro que divide Israel de Cisjordania. En la actualidad, la cuestión está pendiente de la decisión de los juzgados israelíes.

La pasada semana, la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (AOCTS) tomó por primera vez postura en la cuestión y pidió a Israel que pusiera fin a la construcción del muro, que considera ilegal, en el valle de Cremisán. Además, expresó el temor de que el muro previsto acelerara aún más la emigración cristiana de Tierra Santa. Los obispos han negado categóricamente que la Santa Sede y la Iglesia local hayan llegado a un acuerdo explícito o implícito con las autoridades israelíes sobre la construcción de este muro, tal como había afirmado la organización no gubernamental The Israel Project en un comunicado del 16 de octubre.

El muro, de más de 750 kilómetros de longitud, se viene construyendo desde 2003, según las autoridades israelíes, para defenderse contra el terrorismo. El 80% de su trazado se encuentra más allá de la Línea Verde, que -en su condición de demarcación del armisticio de 1948- está considerada por el Derecho Internacional como la frontera exterior del Estado de Israel con Cisjordania, ocupada en 1967.

Por ello, en un informe pericial de 2004, la Corte Internacional de Justicia en La Haya declaró la construcción del muro como una lesión del Derecho Internacional Público. Monseñor Shomali, en declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada. señala que “si Israel construyera el muro sobre el trazado de la frontera que tenía validez antes de la ocupación de Cisjordania, no habría ningún problema. Israel tendría derecho a hacerlo y nadie podría oponerse a ello. Sin embargo, el problema es que la sección de muro en Cremisán se encuentra fuera de dicha frontera, en territorio palestino”.

Al margen de dicha violación del Derecho Internacional Público, el obispo cree además que es posible encontrar un trazado para el muro que suponga menos expropiaciones de terrenos. La confiscación afectaría a 58 familias del pueblo de Beit Jala, cercano a Belén, cuya población está compuesta mayoritariamente por cristianos que viven del cultivo de olivares y huertos frutales que se perderían con la expropiación.

El pueblo de Beit Jala mantiene, desde 2006, un pleito contra los planes israelíes, ante el Tribunal de Justicia israelí competente. En 2010 se adhirieron a la demanda también las religiosas salesianas que dirigen, desde 1960, una escuela en el terreno afectado, a la que actualmente acuden unos 450 alumnos musulmanes y cristianos. Su convento quedaría separado de sus terrenos, si el muro se alzara como está previsto. Además, el muro se trazaría directamente alrededor del convento y de la escuela, con lo que las religiosas perderían la posibilidad de ampliar la escuela, para lo que ya disponen de un permiso. También quedarían afectados por el muro los salesianos que, no lejos del convento de las religiosas, también tienen un convento. A comienzos del año presentaron una solicitud para adherirse a la demanda, sobre la que no se ha tomado aún una decisión.

La decisión del tribunal israelí se espera para después de febrero de 2013, cuando se hayan presentado las últimas respuestas por las partes oponentes. Dice el obispo auxiliar de Jerusalén que desean “una decisión que esté de acuerdo con la justicia, no una que guste a la Iglesia”. Aunque esperan una sentencia justa, no descartan que la expropiación se lleve a cabo. En el caso de que sean confiscados los terrenos de las familias cristianas, el obispo está preocupado por las consecuencias que tendría para los afectados: “Tendríamos que pensar, con Cáritas y otras instituciones humanitarias, qué podríamos hacer. Pero temo que nuestros medios no sean suficientes”.