La ley anti-conversiones aprovada en el Estado del Himachal Pradesh (en el Norte de la India) es, en algunas partes, “anticonstitucional”.
De hecho “una persona no solo tiene el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a profesar una fe, el derecho de modificar su fe sino que además también tiene derecho a mantener sus convicciones secretas”.
Es una sentencia histórica la que el Tribunal Superior de Himachal Pradesh, ha emitido a través de los jueces Deepak Gupta y Rajiv Sharma. El recurso había sido presentado en 2011 por un grupo de organizaciones cristianas que habían empuñado la “Ley sobre la religión”, emitida en 2006 y entrada en vigor en 2007.
El Tribunal ha declarado que “la Sección 4 de la medida y los artículos 3 y 5 del documento aplicativo violan las disposiciones constitucionales”. Estas normas declaraban ilegal la libre conversión de una religión a otra, permitiéndolo solo después de un largo proceso de investigación, y la autorización de un magistrado, e imponiendo, en caso contrario, multas y sanciones.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides, el “Consejo Global de Cristianos Indios” (Gcic), acogiendo favorablemente la sentencia, agradece a los abogados de diferentes religiones que han trabajado en el recurso, argumentando que la ley viola algunos derechos fundamentales de los creyentes. El Consejo, recordando que “todas las conversiones, que tienen lugar libremente, son legales, solicita al gobierno central y a los estatales la protección de todos los creyentes que ejercen este derecho”.
P. Dominc D’Abrio, portavoz de la Conferencia Episcopal de la India, dice a Fides: “Es un paso muy positivo, los cristianos se beneficiarán enormemente. La sentencia podría sentar un precedente y tener un efecto dominó, animando a otras acciones contra leyes anti-conversión, de la misma naturaleza, que están vigentes en otros Estados de la Federación India”.
El primer estado en aprobar una ley que prohíbe las conversiones fue Orissa en 1967, seguido por Madhya Pradesh en 1968 y por Arunachal Pradesh en 1978.
El gobierno del partido nacionalista hindú «Bharatiya Janata Party» (BJP) la ha introducido en Gujarat en 2003 y en Chhattisgarh en 2006, un año después de su entrada en vigor en Himachal Pradesh.
Según los cristianos, estas leyes limitan el derecho fundamental a la libertad religiosa, son herramientas en manos de grupos extremistas hindúes, que acusan a los cristianos de “proselitismo y conversiones forzadas”. Se utilizan para golpear a las minorías religiosas, envenenando el tejido social y sembrando odio en la sociedad India.