Diversos obispos de China han sido deportados contra su voluntad a Pekín para participar en el 8º Congreso Nacional de los Representantes Católicos.
La Asamblea patriótica empezó este martes en Pekín a pesar de la oposición de la Santa Sede y la resistencia de muchos católicos del país informó la agencia AsiaNews.
Durante las reuniones, está prevista la elección del presidente nacional de la Asociación Católica Patriótica China y del presidente del Consejo de los obispos chinos, dos organismos inaceptables para los católicos porque intentan edificar una Iglesia independiente de la autoridad del Papa.
Las autoridades han llevado a la fuerza a la capital a algunos prelados que se resistían a participar en el encuentro.
Es el caso del obispo de Hengshui (Hebei), monseñor Feng Xinmao, secuestrado por un grupo de un centenar de policías que tuvo que hacer frente a los fieles y sacerdotes que hacían de escudo al obispo para garantizar su libertad.
Los agentes utilizaron la violencia y uno de los fieles resultó herido. Además, los pasados días mantuvieron al prelado en régimen de aislamiento hasta que ayer por la noche, lo trasladaron a Pekín para que participara en la asamblea.
Otros obispos de diversas provincias de la República Popular China han dicho estar enfermos para evitar asistir o se han ocultado, como el de Cangzhou, en Hebei, monseñor Li Lianghui, a quien la policía ha amenazado con buscarlo por todo el país como “un criminal peligroso”.
Algunos prelados han aceptado ir a Pekín pero han decidido no concelebrar las misas en la Asamblea. También participan en la asamblea algunos obispos que no han opuesto ninguna resistencia y obispos excomulgados.
El congreso se ha ido aplazando durante más de cuatro años por la negativa de los obispos oficiales a participar en él, en obediencia a las indicaciones de la Santa Sede.
Según el vicepresidente de la Asociación patriótica, Liu Bainian, “sólo es una reunión para un nuevo turno de líderes”.
La Asamblea es el “organismo soberano” de la Iglesia oficial china, en la que los obispos representan sólo una minoría, entre otros representantes católicos y del Gobierno.
De hecho, en la reunión que empezó hoy en Pekín, participan unos cuarenta obispos y trescientos sacerdotes, religiosos y laicos representantes nacionales, según estimaciones de la agencia Ucanews.
En la asamblea, las decisiones se toman a través de elecciones manipuladas, según AsiaNews. Antes de la reunión, los participantes han recibido las indicaciones sobre lo que hacer y votar, del representante del Gobierno Liu Bainian.
La celebración del congreso y la deportación de los obispos se unen a la ordenación episcopal ilícita celebrada en China el pasado 20 de noviembre, que han situado a la Iglesia en China, así como las relaciones entre la República Popular y la Santa Sede, en dificultad.
Algunas diócesis han movilizado a sus fieles para rezar por la Asamblea durante los tres días que dura el encuentro.
También el Papa pidió a los católicos de todo el mundo oraciones por la Iglesia en China, el pasado 1 de diciembre durante la audiencia general.
Por su parte, la Comisión Católica Justicia y Paz se manifestó hoy ante la Oficina de Enlace del Gobierno Central en Hong Kong para protestar contra la apertura del congreso.
El oficial de proyectos de este organismo, Or Yan-yan, declaró que la asamblea viola el principio y estructura de la Iglesia y daña la autonomía y la actuación normal de la Iglesia en China.
Además, consideró una grave violación de la libertad religiosa que los oficiales del Gobierno hayan presionado a los obispos para que asistan al encuentro.
Durante el acto de protesta, los manifestantes rezaron y ataron a la puerta de la oficina lazos morados que simbolizaban los sufrimientos de los católicos del país.
Algunos expertos consideran que el congreso acabará este jueves 9 de diciembre para evitar la coincidencia con la ceremonia de entrega del Premio Nobel, que se celebra el día siguiente.
El premio Nobel de la Paz de este año, Liu Xiaobo, fue sentenciado en China a once años de prisión, y privación de derechos políticos por dos años, en la Navidad de 2009.