Un programa tan ambicioso y generoso no fue aceptado por muchos y, desde que la izquierda y los nacionalistas empezaron a ocupar sectores de poder en la naciente democracia, comenzó un proceso en el que las víctimas de la guerra volvieron a ser agitadas por ellos, al tiempo que se impulsaba la revisión de lo ocurrido en la Segunda República, la Guerra Civil y la España de Franco bajo el señuelo de la llamada recuperación de la memoria histórica. La presión de los sectores más radicales que respaldan al actual Gobierno ha precipitado la aprobación de una llamada Ley de la Memoria Histórica que, siendo fiel expresión de estos principios, encubre la voluntad característica de los sistemas políticos totalitarios: dar refrendo jurídico a una interpretación del pasado y sentar las bases para que en su día se apliquen medidas punitivas contra los disidentes.
Se suele decir que estos planteamientos significan la ruptura del consenso que se produjo en los años de la Transición y, en última instancia, una puesta en cuestión de la propia legitimidad de dicho cambio que acabará desembocando en una nueva etapa constituyente. Pero no es menos cierto que esta tendencia se inició a finales de los años 70 y comienzo de los 80, por lo que no puede hablarse de un cambio sino de la natural aceleración de un proceso degenerativo. El paso del Estado franquista al de la Constitución de 1978 se hizo mediante el pacto y la negociación entre los elementos procedentes del Régimen saliente y la oposición rupturista, pero el citado acuerdo consistió en una cesión práctica por parte de los primeros en todos aquellos terrenos que habían sido materia de conflicto en los años anteriores a cambio de la conservación de algún residuo institucional. Dicho de otra manera, el consenso constitucional consistió en ceder a muchas de las pretensiones de la izquierda y del regionalismo político cuyas últimas consecuencias estamos pagando hoy.
Negar la legitimidad de origen y de ejercicio del anterior Régimen político condujo a darle una salida constitucional que negaba sus raíces en él y abría paso a dos posiciones: el inestable salto en el vacío que pretenden los representantes del actual centro-derecha, renunciando a cualquier vinculación con el pasado, mientras que socialistas, comunistas y nacionalistas acuden al saqueo sistemático de la historia, reconociendo la lógica continuidad entre los postulados que sostienen en la actualidad y los que defendieron sus ya lejanos antepasados, aunque estén vinculados al totalitarismo más despiadado. Las carencias intelectuales, la frivolidad y el oportunismo de la primera posición han favorecido la absoluta hegemonía de esta última.
Por su mayor actualidad y consecuencias jurídicas nos hemos referido a la manipulación de nuestro más reciente pasado, sin embargo la ofensiva tergiversadora también afecta a otros momentos de nuestra historia como la Reconquista, el descubrimiento y evangelización de América, el Siglo de Oro y, en general, todo aquello que se refiere a la identidad nacional y a sus referencias religiosas. En definitiva, asistimos a un proyecto de construcción de una «historia única» al servicio del «pensamiento único».
El conocimiento histórico puede servir como fundamento de una convivencia equilibrada cuando se establece en los términos que ya señalaron los clásicos, es decir, procediendo con buena fe, sin encono sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más diversas fuentes. Las siguientes propuestas, en la medida que sean asumidas por la comunidad científica y trasladadas al resto de la sociedad, facilitarían ese objetivo.
PRIMERA PROPUESTA
La memoria, como facultad de recordar, es algo individual. La llamada «memoria histórica» no es recuerdo biográfico, sino conciencia formada por un tejido de experiencias, ideas recibidas, valores asumidos e, incluso, lecturas o transmisión de otras informaciones. La Historia no es un simple recuerdo del pasado, es una interpretación o reconstrucción de las huellas que permanecen en el presente. Por tanto la Historia es obra de la inteligencia y no de la memoria.
El concepto de «memoria histórica» no pertenece al patrimonio científico de la Historia y, como tal, debe ser apartado del debate intelectual y carecer de cualquier aplicación docente o jurídica. La llamada «Ley de Memoria Histórica» debería ser derogada y dejar espacio únicamente a medidas legales para reparar las injusticias cometidas en la destrucción de testimonios históricos y archivísticos o en la glorificación indebida de personajes y circunstancias del pasado.
SEGUNDA PROPUESTA
En muchas ocasiones el debate público se sustenta sobre bloques históricos masivamente ignorados o falsificados. A diferencia de los voceros de la «memoria histórica», los historiadores no nos consideramos como expertos en posesión de toda la verdad sobre los hechos y su interpretación. Pero somos conscientes de que la historia es la única disciplina que, cuando se utiliza correctamente, nos permite el acceso a los acontecimientos más relevantes del ayer. Nuestro objetivo es procurar que los conocimientos y los interrogantes estén a disposición de todos. Para eso es necesario abrir una reflexión sobre los usos públicos de la historia y proponer soluciones que rechacen las tentativas de instrumentalizarla.
TERCERA PROPUESTA
El debate actual ilustra un malestar mucho más general relativo a la enseñanza de nuestra disciplina, y la gran distancia que existe entre la investigación y el contenido que se transmite a los ciudadanos. Es necesario establecer un estado de la cuestión y reflexionar sobre la elaboración más transparente de los programas académicos para que las distintas corrientes de la investigación histórica estén tratadas de manera equitativa, sin conceder a las ideas nacionalistas, neo-marxistas y laicistas una hegemonía de la que no gozan en el terreno científico.
La importancia de esta tarea es todavía mayor si se tiene en cuenta la rápida integración en nuestra comunidad de millones de personas que, procedentes de otros países y a veces de otras culturas, no tienen otro medio de conocimiento de la historia de España y de sus aportaciones al común patrimonio de la Humanidad que la enseñanza reglada.