Castillo de Reina
La Revista de Estudios Extremeños, en su tomo LXVII, nº 3, correspondiente al año 2011, acaba de publicar un curioso e interesante artículo de Manuel López Fernández titulado: Conflictos jurisdiccionales en las vicarías de Tudía y Reina durante la Edad Media. En dicho trabajo, el autor realiza un recorrido histórico por instituciones hoy desaparecidas, pero que indiscutiblemente cumplieron una importante función en los difíciles tiempos que siguieron a la reconquista cristiana de las tierras del sur extremeño por las órdenes militares.
Ninguna diócesis existía entonces en aquella zona geográfica y de los asuntos eclesiásticos tuvieron que ocuparse los miembros de las órdenes religioso-militares, haciéndolo así los templarios en el entorno geográfico del actual Jerez de los Caballeros, los alcantarinos en la comarca de La Serena, o los santiaguistas en las tierras situadas a lo largo de la Vía de la Plata. En este contexto histórico aparecieron las vicarías de Jerez, el priorato de Magacela, o ya ciñéndonos exclusivamente al terreno santiaguista la vicaría de Mérida-Montánchez, junto a la de Tudía y Reina.
Estas últimas abarcaban respectivamente las tierras comprendidas dentro de las prístinas encomiendas de Montemolín y Reina, pero el titular de ambas era el mismo religioso nombrado directamente por el maestre de la Orden y no por el prior del convento de san Marcos de León, máxima autoridad eclesiástica de los santiaguistas en todo el reino de León. Parece que las circunstancias internas de la Orden por aquellos años -rivalidades económico-espirituales entre los maestres y los priores- fueron la causa de que en un primer momento los primeros no delegaran en los segundos todos sus derechos eclesiásticos; aunque los problemas se superaron más tarde cuando el maestre Pelay Pérez Correa entregó en 1257 al prior Martín García la villa conocida hoy como Puebla del Prior, en compensación por los diezmos que los freires legos debían a los religiosos de san Marcos a lo largo de varios años.
Por entonces, los asuntos eclesiásticos de los vasallos de la Orden estaban en manos del arzobispo de Compostela, así que al retomar el prior del convento de san Marcos sus obligaciones eclesiásticas con respecto a los miembros de la Orden en tierras extremeñas, tuvo que nombrar para representarle allí a un teniente con sede en la villa de Puebla. Pero como el maestre se reservó el nombramiento de los vicarios de Mérida-Montánchez y Tudía-Reina, a los que concedió además la jurisdicción eclesiástica en primera instancia para todos los miembros de la Orden situados en sus respectivas encomiendas, las apelaciones a las sentencias de estos vicarios tenían que ser juzgadas por el teniente del prior ubicado en la villa de Puebla.
Castillo de Montemolín
Aquella complejidad pareció simplificarse cuando la jurisdicción vino a parar a manos de la Orden, tanto para vasallos como para miembros de la Orden, y los vicarios quedaron reafirmados en sus funciones, situación que no estaban dispuestos a mantener los priores de san Marcos. Así fue como surgió el primer litigio entre prior y vicario en los años finales del maestrazgo de Fernando Osórez, cuando precisamente se quejó el prior de san Marcos que el teniente que tenía en Llerena el vicario de Tudía –porque esta villa pertenecía a la vicaría de Reina- juzgara causas eclesiásticas estando presente el prior en dicha villa. Después de las pesquisas hechas por aquellas tierras, se demostró ampliamente que en ellas el “maestre daba lo temporal y el vicario de Tudía lo espiritual”, así que nada pudo hacer el prior de san Marcos por desbancar entonces de sus derechos al vicario de Tudía y Reina. Muestra de ello es que, en el Capítulo General de 1395, el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa ordenó al vicario de Tudía y Reina –Fernán Rodríguez se llamaba- que nombrara a otro teniente suyo para la villa de Guadalcanal, perteneciente también a la vicaría de Reina.
Los priores no podían estar satisfechos con aquella situación, así que volvieron una y otra vez a la carga; pero tal actuación fue denunciada abiertamente por el vicario de Tudía, Fernán Sánchez se llamaba éste, en el Capítulo General celebrado en Uclés en 1426, asamblea en la que dicho vicario actuó como notario porque tal cargo ya correspondía de antiguo a los vicarios de Tudía y Reina. Las averiguaciones hechas por los visitadores-jueces nombrados para el caso en el convento de Uclés, tanto en este convento como luego en Llerena, resultan interesantísimas para conocer la situación eclesiástica en las tierras santiaguistas desde mediados del siglo XIV, cuando los vicarios de Tudía y Reina visitaban las iglesias y cobraban los catedráticos de los clérigos bajo su jurisdicción. Como consecuencia de toda la información recopilada por los visitadores-jueces, éstos dieron la razón una vez más al vicario de Tudía aunque también consintieron que el teniente del prior pasara de Puebla a residir en Llerena.
Pero este logro parecía insuficiente para los priores y por ello trataron de aprovechar su dignidad y encumbramiento dentro de la Orden para hacerse con unos derechos eclesiásticos que creían corresponderle; así fue como unos años más tarde el vicario de Tudía tuvo que recurrir de nuevo a la protección del maestre Álvaro de Luna, amparándole éste con una carta dirigida a las autoridades de las villas y lugares situadas dentro de las vicarías, encabezadas por el comendador mayor del reino de León, Garci López de Cárdenas. Y en esta dinámica la situación se repitió de nuevo, cuando la administración de la Orden estaba en manos del rey Enrique IV, en el año 1460.
Esta vez las cosas fueron a mayores; ocurrió así porque no sólo el rey de Castilla tomó cartas en el asunto favoreciendo al vicario Luis Díaz de Hervás -nombrado unos años antes para este cargo por el mismo monarca-, sino que el litigo llegó hasta el Consejo Real; aquí se dispuso que el deán de la catedral de Córdoba –Juan Alfonso de Cuenca- diera sentencia en aquel nuevo pleito entre eclesiásticos y por tal razón se falló la causa en Valladolid el día 26 de mayo de 1460. De nuevo el juez vino a dar la razón al vicario de Tudía, al tiempo que reservó los derechos del prior para que expusiera sus razones en el primer Capítulo General que celebrara la Orden.
Con este conflicto finaliza el autor su trabajo, aunque señala en la conclusión del mismo que los priores lograron años más tarde conocer en las causas beneficiales de las vicarías y ya en el siglo XVI la supresión de la vicaría de Reina; no obstante, la vicaría de Tudía y sus titulares consiguieron mantenerse hasta la definitiva extinción de la Orden de Santiago en 1873.