Bajo el titular “Vecinos y familiares recuerdan a las víctimas del franquismo” se publicó en el Diario de Mallorca la reseña del acto celebrado en el cementerio de Alaró el día 4 de diciembre. Creo está fuera de toda duda que nada se debe objetar a quienes desean recordar el afecto y estima que sienten por quien fue el alcalde de la Villa por todos los alaroners enterrados en el cementerio municipal en diciembre de 1936.
Sin embargo, no me identifico con alguna de las manifestaciones que se dejaron oír en dicho acto. Me refiero, concretamente, a las que hizo J. V. Lillo al decir que “es lamentable que una institución como la Iglesia mallorquina no haya pedido aún perdón por su papel cómplice en el golpe de estado de 1936 y en la posterior represión”.
De nuevo, y unavez más, se pretende culpar a la Iglesia Católica, de una responsabilidad que, con base a la verdad, no se le debe atribuir. Tiempo atrás, otros, especialmente los miembros de la F.A.I. y del P.O.U.M. hicieron de esta filosofía su lema de combate antes y durante el inicio de la Guerra Civil. El resultado del error es bien conocido: en gran parte de España a millares de ciudadanos católicos y, entre ellos, a casi siete mil sacerdotes, religiosos y religiosas; les fue arrebatada la vida a causa de sus creencias religiosas, sin ni siquiera un atisbo de juicio previo.
En fecha reciente, Mariano Llobet Román, que, entre otros cargos, desempeñó el de secretario del Ayuntamiento de Eivissa, ha publicado la obra Persecución religiosa en la Diócesis de Eivissa. Se relatan en ella las circunstancias que rodearon el asesinato de 21 sacerdotes durante la “breve” dominación del capitán Bayo (desde el 7 de agosto al 27 de septiembre de 1936, en que abandonó la Isla al ser conquistada por las tropas procedentes de Mallorca).
¿Qué decir de lo acontecido en Menorca? Asesinados los mandos militares, el brigada Marqués y sus acólitos cuidaron de que numerosos sacerdotes menorquines fueran fusilados. Igual sucedió respecto a pacíficos y ya no jóvenes ciudadanos, algunos por el hecho de ser apodados por sus ejecutores como “beato” o “meapilas”.
El odio demostrado al ejecutarles, en el mismo lugar en que eran localizados, no fue suficiente. Sus descendientes recibieron una notificación del director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Mahón que decía así:
El odio demostrado al ejecutarles, en el mismo lugar en que eran localizados, no fue suficiente. Sus descendientes recibieron una notificación del director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Mahón que decía así:
“Remitida por la delegación de Gobierno de la República en esta Isla la relación de alumnos matriculados en este Instituto que la Comisión Depuradora del personal escolar de Segunda Enseñanza ha considerado desafectos al Régimen legalmente constituido, me impone el deber de manifestarle que está V. comprendido en la citada relación y en su consecuencia debe causar baja en la matrícula de este Establecimiento y quedar inhabilitado para asistir a las clases del mismo”
El ucase, cuya fotocopia tengo a la vista, lleva fecha de 16 de junio de 1938, es decir, una vez transcurridos casi dos años desde que los padres de algunos alumnos del Instituto habían sido fusilados.
Patrocinadas por la vicepresidencia de la Generalidad Catalana (por cierto bajo el gobiemuo del denominado “tripartito”), se han publicado varias obras en las que se narran las tropelías que a partir del 17 de julio de 1936 acabaron en Cataluña con la vida de innumerables ciudadanos, entre ellos más de seiscientos sacerdotes y ciento sesenta y cinco monjas, algunas de ellas previamente ultrajadas (la fotografía de las tumbas profanadas en el convento de las Salesas que publica El cementiri dels temples es estremecedora).
En la obra El preu de la traició: Tarradellas, la F.A.I. i els maristes se narra con detalle que por vía consular se convino el rescate (por un importe de 200.000 pesetas) para salvar la vida de los hermanos maristas residentes en Barcelona, cuyo importe en metálico entregaron sus compañeros de Francia. Lo acordado no se cumplió porque después de pagado el precio quienes iban a ser redimidos fueron fusilados en el muelle de Barcelona momentos antes de embarcar hacía un puerto francés.
En lo que respecta al patrimonio artístico de la Iglesia Católica en Cataluña, las fotografías de los templos Santa María del Mar, la catedral y docenas y docenas de iglesias parroquiales de Barcelona después de haber sido saqueadas e incendiadas, produce verdadero estupor.
¿Y en el resto de España? La obra La iglesia en llamas. Persecución religiosa en España durante la Guerra Civil es un documentado resumen de lo acaecido en Madrid (quema de conventos, Paracuellos, etc...), en Valencia, en Alicante, en Jaén, en Murcia, etc.
En resumen, las pruebas escritas y las fotografías acreditativas de los hechos demuestran, sin atisbo de duda, la profunda aversión que hacia la Iglesia Católica fomentaron antes y después del mes de julio del 1936 los dirigentes de la F.A.I. y de algunos otros sindicatos y fuerzas revolucionarias.
Parece que no deberían permitir que se cobijara duda alguna acerca de que a la Iglesia Católica española no le alcanza ninguna responsabilidad en los prolegómenos de la Guerra Civil, iniciada ¿por qué olvidarlo? días después de la provocación a toda la ciudadanía que supuso el asesinato (cometido por las fuerzas del orden público dependientes directamente del Gobierno) del diputado, jefe del partido político Renovación Española, don José Calvo Sotelo.
Los españoles no deberíamos olvidar que don Manuel Azaña, presidente de la República, al verse derrotado, pronunció la frase que vemos reproducida en todas sus biografías: “Paz, piedad, perdón”. Sin más titulación que la de ser, quien firma estas líneas, uno de tantos españoles que vivía al dictarse aquella orden, me permito sugerir que todos, y de buen grado, obedezcamos a don Manuel Azaña Díaz.
Publicado en Diario de Mallorca, Opinión, 15-diciembre-2010