El Estado belga ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber autorizado la aplicación de la eutanasia a una mujer con "depresión incurable", y sin el consentimiento de sus familiares. Su hijo, Tom Mortier, llevó el caso a la Justicia y, ahora, consigue una victoria legal que, aunque no resarce la pérdida, sí puede convertirse en un precedente.
"Mi madre sufría graves dificultades mentales y se enfrentó a la depresión toda su vida. Fue tratada por psiquiatras durante años y, lamentablemente, ella y yo perdimos el contacto algún tiempo. Fue en esa época cuando ella murió, por medio de una inyección letal. Nunca podría haber imaginado que nos separaríamos para siempre", dijo su hijo antes de la sentencia.
Violación de derechos
Según el Tribunal, el caso de Godelieva de Troyer, quien murió por inyección letal en 2012, a los 64 años, viola el derecho a la vida protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El papel de la Comisión Federal para el Control y la Evaluación de la Eutanasia de Bélgica fue "insuficiente" para clarificar las circunstancias relacionadas con la eutanasia de de Troyer, aseguran los magistrados.
El caso de la madre de Mortier es más alarmante si se tienen en cuenta otras derivadas. Fue el propio presidente de la Comisión Federal, encargada de aprobar la eutanasia en el país, quien, a pesar de ser un especialista en cáncer, accedió a suministrarle la inyección. Este médico, también, la derivó a otros facultativos, que formaban parte de la misma asociación, a pesar de ser obligatorio contar con opiniones independientes. Durante unos meses, de Troyer efectuó pagos a la organización proeutanasia.
"Teniendo en cuenta el papel crucial jugado por la Comisión en el control a posteriori de la eutanasia, la Corte considera que el sistema de control establecido en el presente caso no aseguró su independencia", afirma la sentencia del Tribunal Europeo. Los jueces concluyen que el Estado belga no cumplió con su obligación de proteger a los ciudadanos, por la falta de independencia de la Comisión y por la falta de prontitud de la investigación penal posterior.
Nadie consultó a la familia
Godelieva estaba físicamente sana y su psiquiatra, que la había tratado durante más de 20 años, siempre dudó de que cumpliera los "requisitos" para que le fuera practicada la eutanasia. Además, antes de que muriera, no se consultó a ningún miembro de la familia. Su hijo se enteró el día después de que se había puesto fin a la vida de Godelieva, cuando el hospital le pidió que hiciera los papeles necesarios para hacerse cargo del cadáver y de su efectos personales.
La eutanasia en Bélgica es legal desde 2002. La ley especifica que la persona debe estar en una "condición médicamente inútil de sufrimiento físico o mental constante e insoportable que no se puede aliviar, como resultado de un trastorno grave e incurable causado por enfermedad o accidente". Más de 27.000 personas han muerto a causa de la eutanasia en Bélgica desde que se legalizó.