El Tribunal Constitucional de Portugal podría declarar inconstitucional la semana que viene la ley de la eutanasia aprobada por el Parlamento el pasado 29 de enero y que el propio presidente Marcelo Rebelo de Sousa decidió no firmarla y enviarla al tribunal ante las dudas de que esta normativa fuese incompatible con la Constitución.
Así lo informa el periódico Observador, que asegura que la decisión del Constitucional se conocerá a principios de la semana que viene y donde una mayoría de jueces se posicionará a favor de declarar inconstitucional esta ley de eutanasia.
Según las filtraciones, el argumentario del tribunal podría ser incluso más duro contra la ley que el expresado por el propio presidente del país cuando pidió la actuación del órgano judicial.
Cuando el Constitucional recibe una solicitud de inspección preventiva, es decir, antes de la promulgación de la ley, como ha ocurrido con la eutanasia, el caso se le pasa a un juez, que presenta un informe que después es discutido por los magistrados que luego votan la orientación de la sentencia. Posteriormente, con la orientación ya definida se elabora una sentencia, que también se discute y vota en el pleno. Este es el punto en el que se encuentra ahora mismo el Constitucional portugués.
Rebelo de Sousa, como catedrático de Derecho Constitucional, explicó en la carta que dirigió al Tribunal que la ley de eutanasia está redactada de forma vaga y llena de conceptos indeterminados e indefinidos.
Así, especificaba que «el artículo 2 recurre a conceptos excesivamente indeterminados en la definición de los requisitos para permitir la despenalización de la muerte médicamente asistida», escribe el presidente luso en la carta dirigida al presidente del Tribunal Constitucional portugués, João Caupers, publicada en la página oficial de la Presidencia de la República.
Rebelo de Sousa indicaba que “al Parlamento portugués le competía haber especificado en su redacción con más detalle los requisitos en los que se podrá realizar la eutanasia sin ser penalizado por ello”. Consideraba por tanto que la ley "crea una situación de inseguridad jurídica que habría que evitar en una materia tan sensible".
Rebelo de Sousa explicaba igualmente que según se entiende del texto la ley «permitirá la eutanasia cuando así lo decida una persona mayor de edad por voluntad propia y en situación de sufrimiento intolerable», lo que, tal como está escrito, considera inconstitucional.