Al menos 22 de los cien jueces permanentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entre 2009 y 2019 han sido directivos o colaboradores de siete ONG que son muy activas ante dicha sede judicial, con una visión de los derechos humanos que suele caracterizarse como “progresista”. Doce de esos jueces tuvieron relación con la Open Society Foundation de Georges Soros, y el resto, con otras seis organizaciones de las que figura como donante la fundación del casi nonagenario multimillonario húngaro de origen judío.
La influencia directa o indirecta de Georges Soros y su Open Society Foundation se extiende al poderoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, según esta investigación.
Son los datos obtenidos por una investigación de Grégor Puppinck y Delphine Loiseau, del Centro Europeo por el Derecho y la Justicia, que ha identificado las relaciones de 12 jueces con Open Society Foundation, 7 con los Comités Helsinki por los Derechos Humanos, 5 con la Comisión Internacional de Juristas, 3 con Amnistía Internacional, y 1 con Human Rights Watch, Interights y el AIRE Centre. (La suma da más de 22 porque algunos han colaborado con más de una de esas ONG.)
Según el informe, desde 2009 se han visto ante el Tribunal al menos 185 casos en los que al menos una de esas siete ONG estaba implicada. De ellos, 88 (el 48%) fueron resueltos por jueces en los que estaba implicada la ONG con la que habían colaborado.
Pincha aquí para descargar ahora el informe Las ONG y los jueces del TEDH (2009-2019).
A lo largo de los diez años estudiados, solamente en doce casos un juez se inhibió de un caso por su relación con una ONG implicada en él.
Ni imparcialidad ni transparencia
Según el informe, “esta situación cuestiona la independencia del tribunal y la imparcialidad de los jueces y es contraria a las normas que el propio TEDH impone a los Estados en este ámbito. Es algo más que problemático, dado el excepcional poder de que disfruta el tribunal”.
Por eso los autores proponen que en la elección de jueces se evite el nombramiento de activistas y que en los procedimientos de inhibición y recusación haya mayor transparencia en cuanto a los intereses y relaciones entre demandantes, jueces y ONG.
Gregor Puppinck forma parte del comité de expertos para la reforma del TEDH. Es doctor en Derecho por la Universidad de París y ha sido profesor de Derecho Internacional y Derecho Constitucional. Desde hace años se consagra casi con exclusividad a defender la objeción de conciencia ante las disposiciones comunitarias contrarias a la ley natural, como el aborto, la eutanasia o la pretensión de obligar a los Estados a llamar matrimonio a la unión sentimental entre personas del mismo sexo.
Los jueces directa o indirectamente vinculados a Soros
Los vínculos descubiertos en estos 22 jueces incluyen haber sido administradores de esas ONG o beneficiarios de sus fondos, o con una participación destacada en sus actividades. Si se buscan lazos más indirectos, “podrían añadirse a la lista bastantes otros jueces”.
Éstos son los jueces cuya vinculación con ONG afines a Soros documenta el informe:
A.I.R.E. Center (1): juez Eicke.
Amnistía Internacional (3): jueces Pinto de Albuquerque, Sikuta y Felici.
Comités Helsinki (7): jueces Grozev, Kalaydjieva, Garlicki, Shukking, Sikuta, Karakas y Yudkviska.
Comisión Internacional de Juristas (5): jueces Motoc, Shukking, Ziemele, Cabral-Barreto y Kucsko-Stadlmayer.
Human Rights Watch (1): juez Pavli.
Interights (1): juez Eicke.
Open Society Foundation (12): jueces Garlicki, Grozev, Küris, Laffranque, Mijovic, Mits, Pavli, Sajó, Sikuta, Turkovic, Vucinic e Ineta Ziemele.
Las tres causas de esta anomalía
El estudio encuentra tres causas principales para esta anomalía en la imparcialidad que se supone al tribunal, y que sobrerrepresenta los intereses ideológicos de las ONG vinculadas a Soros.
Una es la enorme cuantía de las inversiones de la Open Society Foundation en países donde, por el pequeño tamaño de su economía o su alto grado de corrupción, esta ONG puede ofrecer relevancia a abogados activistas en derechos humanos que luego resultan elegidos por sus países para el Tribunal. El estudio cita Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Hungría, Letonia y Rumanía.
Además, las directrices establecidas para la selección de candidatos para el puesto de juez “prevén la intervención de las ONG en todas las etapas de la fase nacional del procedimiento”. Y no solo eso: “Los gobiernos pueden presentar como candidatos al Tribunal a juristas sin experiencia judicial. Y así, en la última década, 51 de los 100 jueces del Tribunal no eran magistrados de carrera”. En particular, de los 22 jueces con vínculos con las ONG citadas, 14 (el 63%) no son magistrados de carrera.
Por último, Puppinck y Loiseau señalan que las ONG “se han convertido en los actores principales de la normativa globalizada en el ámbito de los derechos humanos, hasta el punto de que algunas de ellas son ahora políticamente más poderosas que muchos estados”, y manejan un presupuesto superior incluso al del propio tribunal.
Al servicio de objetivos políticos
Defienden, además, “la interpretación más controvertida de los derechos humanos”, lo que viene a significar que se inclinan en general por impulsar el aborto, la agenda LGTBI y otras políticas antifamiliares, o los objetivos de multiculturalidad contrarios a la identidad cristiana de Europa, así como por una visión restrictiva de la objeción de conciencia para quienes se opongan a esas políticas en su puesto de trabajo. “Actúan mediante una utilización estratégica de los litigios, empleando las soluciones judiciales como medio para objetivos más generales de naturaleza política”, lo cual ha sido “particularmente eficaz para promover en Europa los derechos LGTBI o la maternidad subrogada”.
“La Open Society Foundation”, añaden, “se ha establecido a sí misma como la organización más influyente en este área. Mediante su política de fundar y financiar otras organizaciones, se ha situado en la cúspide de una importante red de ONG”. Entre las causas que apoya esa red está “la liberalización de las drogas, de la prostitución, el aborto, los comportamientos LGTB y los derechos de los refugiados y de las minorías”.
Todo esto tiene una excepcional importancia para las 47 naciones europeas que asumen la jurisdicción extraordinaria del TEDH por encima de las legislaciones de los Estados: “Los jueces de Estrasburgo disfrutan de un amplio poder discrecional comparado con el de los jueces nacionales”. La elección parlamentaria de los jueces hace que “en última instancia la elección de un juez dependa más de su perfil ideológico que de su competencia. La selección y nombramiento de los jueces adquiere así una importancia estratégica”.
En más de una ocasión Puppinck ha alertado del inmenso poder que tiene el TEDH para imponer a los Estados criterios puramente ideológicos.