Tras el doble fracaso en el Parlamento europeo del “Informe Estrela”, la izquierda europea vuelve a la carga con un nuevo texto, conocido como “informe Lunacek”, que se votará el martes 4 de febrero.

El informe Estrela transformaba el aborto en «derecho humano» y preveía la reeducación de los maestros y profesores con cursos obligatorios sobre la identidad de género y la discriminación de las personas LGBT [gay-lesbiana-bisexual-transexual, en la jerga del lobby; ndr].

La eurodiputada austriaca de los Verdes, Ulrike Lunacek, ha promovido en la Comisión de Libertades civiles, justicia y asuntos internos (Libe) un informe «sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación vinculada a la orientación sexual y la identidad de género».


Muchos ciudadanos han protestado con una petición, firmada ya por trece mil personas, que denuncia el «informe Lunacek», el cual «impone los “Principios Yogyakarta” como ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

En los principios Yogyakarta, los activistas LGBT afirman falsamente que “los derechos especiales para los gay están incluidos en los derechos humanos universales” y que la totalidad de los 120 derechos especiales para la comunidad gay deben ser impuestos con el fin de satisfacer a nivel internacional los requisitos de derechos humanos reconocidos».

En el texto se pide a la Comisión Europea que «presente de manera prioritaria propuestas finalizadas al reconocimiento recíproco de los efectos de todos los actos de estado civil en la Unión Europea, incluidos los matrimonios, las uniones registradas y el reconocimiento jurídico del género».

Es decir, una manera solapada para dar valor a los matrimonios gais también en países como Italia dónde son ilegales.

Se pide también a la Comisión y a los Estados miembros reconocer las modificaciones de los «documentos de identidad aplicables a los transgender».




Los Estados, continúa el informe, deberían «abstenerse de adoptar leyes que limiten la libertad de expresión en relación a la orientación sexual y la identidad de género y debería volver a examinar las que ya están en vigor».

La lucha contra dichas expresiones de racismo y xenofobia, se lee, debería llevarse a cabo «mediante el derecho penal».

En lo que concierne a Italia, el decreto de ley Scalfarotto sobre la homofobia, ahora en el Senado, que prevé la cárcel por reatos de opinión estaría en línea con las nuevas disposiciones.


El informe Lunacek, además de cursos en los colegios sobre «identidad de género», aconseja «el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en lo que concierne a la formación y la instrucción de las fuerzas de policía, de la magistratura encargada de la instrucción, de los jueces y de los operadores de los servicios de asistencia a las víctimas».

Por último, se apunta a quitar la categoría de patología a los trastornos de identidad de género incluidos en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como el “informe Estrela”, tampoco el informe Lunacek sería vinculante, pero si se aprueba se convertiría en la postura oficial de la Unión Europa, ejerciendo de este modo presión sobre los Estados para que se adecuen al mismo.

(Traducción de Helena Faccia Serrano, Alcalá de Henares)