Según informó la BBC y recoge Radio Vaticana, el ayuntamiento de Bidford-on-Avon, en el centro de Inglaterra, no podrá seguir comenzando sus sesiones con una oración, como ha hecho desde tiempo inmemorial. El equivalente al Tribunal Supremo lo ha considerado ilegal, por contrario a la Convención Europa de Derechos Humanos.
Y no es que molestara a 4999 de los cinco mil vecinos del pueblo, que asisten a cuatro templos: católico, anglicano, baptista y metodista. Pero molestó a uno, y a ese uno, que planteó la denuncia en los tribunales y se confiesa ateo, le han dado la razón.
El denunciante alegaba discriminación contra quienes no participaban en la oración, mientras que la defensa se apoyaba en el carácter libre de la asistencia.
Al final se llevó el gato al agua la minoría atea frente a la mayoría cristiana, en nombre de los derechos humanos. Como, por otro lado, viene sucediendo en numerosas instituciones europeas y norteamericanas, ya sea con oraciones públicas, campanarios, nombres de colegios o belenes. (A no ser que se cruce en el camino de estas pretensiones alguien con las ideas bien claras: ver la historia de Joe Hall.)