A las dos de la tarde del martes 9 de julio comparecieron (aquí el vídeo) ante la prensa para explicar las líneas de acogida y reparación a víctimas de abusos el presidente de la Confer, el dominico Jesús Díaz Sariego, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Se recordó que en la historia de la CEE ha habido solo 5 plenarias extraordinarias: esta ha sido una de ellas. Se trata de una asamblea extraordinaria convocada hace una semana. De los 79 obispos con derecho a voto, han acudido 69, y por unanimidad han aprobado 3 documentos (con una abstención en uno):

- Las líneas de trabajo contra los abusos;
- el plan de reparación a las víctimas;
- los criterios del plan, con la creación de una comisión responsable.

"El 21 de julio acogimos al Defensor del Pueblo y a su equipo, para escuchar sus sugerencias. Juntos escuchamos a representantes de asociaciones de víctimas y asociaciones que las acompañan. Estos rostros piden discreción y lealtad, muchas víctimas que hemos escuchado no están asociadas", fue explicando Argüello.

"Muchos casos de abusos, probablemente la mayoría, son anteriores a los años 90. Tienen cerradas la vía civil y penal por prescripción. En el Derecho Canónico hay posibilidad de levantar la prescripción en algunos casos, pero a veces, por la muerte del acusado como victimario, las víctimas tienen la puerta cerrada", añadió el arzobispo Argüello. La Iglesia ofrece así "una acogida y reparación integral allí donde está cerrada la vía del derecho civil".

El documento de "líneas de trabajo" se organiza "según las sugerencias del Defensor del Pueblo: prevenir, formar, investigar, etc... hemos colocado en un papel lo que ya estamos haciendo y lo que está previsto en nuestro itinerario", explicó el arzobispo.

Una comisión permanente de 8 expertos

El tercer documento es el más práctico: son criterios para poner en práctica el Plan de Reparación Integral, con una comisión responsable, formada por 8 personas del mundo del derecho, la psicología y la psiquiatría, que prepararán su propio reglamento de trabajo.

Jesús Díaz, presidente de la CONFER, recordó que la Iglesia española lleva 6 años trabajando intensamente en este tema. "En la medida que hemos escuchado a las víctimas nos hemos ido sensibilizando. De ellas hemos aprendido a responder a sus necesidades y a intentar prevenir. Hemos preparado protocolos, mejor formación, estar vigilantes en escuelas, ayudar a los niños a detectar abusos... y para los casos prescritos por la ley civil o canónica, entendemos que la Iglesia tiene un deber moral. Nuestra determinación es reparar a las víctimas, acompañar y ayudar".

Preguntado por la prensa, Argüello detalló que 12 asociaciones (algunas de víctimas, otras acompañamiento a víctimas) acudieron a la reunión del día 21, pero que hay más asociaciones que acuden a las oficinas diocesanas. "Tenemos la impresión de que la mayoría de las víctimas no es están asociadas: es importante para nosotros acoger rostro a rostro".

Varias puertas: o la diócesis, o la comisión de la CEE

Ni la Confer ni la CEE tienen capacidad jurídica para obligar a tal o cual diócesis o congregación, por decreto, a aplicar estas normas, pero el acuerdo por unanimidad de los obispos implica "una obligación moral, y unos criterios, que siguen el principio de subsidiariedad. Hacemos público que hay una puerta común abierta por si una víctima encuentra una puerta particular cerrada", dijo Argüello.

Así, por ejemplo, si alguna congregación o diócesis pone dificultades a una víctima, ésta puede acudir a la comisión, que depende directamente de Conferencia Episcopal. Jesús Díaz aseguró: "Damos garantía de que toda víctima será atendida, vía Confer o CEE, si la 'puerta pequeña' no se le abre". De hecho, el procedimiento podrá empezar tanto desde la comisión como desde una diócesis o congregación. Y la comisión no pedirá a cada víctima que vuelva a contar su historia traumática: si esa historia y caso ya se recogió en otra instancia, se trabajará con esos datos.

La reparación integral, dijo Argüello, "pide tiempo, personas, indemnización con dinero... y la Iglesia responde con los recursos de su comunión de vida y bienes". Jesús Díaz detalló que si una congregación se negase a pagar una indemnización, "cosa extraña", la comisión o una entidad superior asumiría el caso.

Los miembros de esta comisión son "profesionales de psicología, derecho y psiquiatría, con miembros de Confer y CEE. Alguno está relacionado con asociaciones que acompañan víctimas. No les hemos pedido carnet de católicos pero probablemente lo sean", detalló el arzobispo a preguntas de los periodistas. "Espero que en su reglamento la comisión tenga un cauce habitual de trato con las asociaciones, y con entidades como Repara, que ya tienen mucha experiencia en esta relación".

Las críticas del Gobierno: que atienda a todas las víctimas

Preguntado varias veces por las declaraciones del Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que criticó a la Iglesia por lanzarse a reparar víctimas con un "esquema unilateral", Argüello se mostró orgulloso de esa unilateralidad, es decir, de la libre iniciativa de la Iglesia querer actuar bien.

"Dice que la Iglesia ha actuado unilateralmente. ¡Claro, por decisión libre, por obligación moral, por propia iniciativa! Asumimos la obligación de abrir una puerta, claro que es unilateral. Parece un reproche ¡pero es un reconocimiento! Si las vías jurídicas están cerradas, es por decisión propia de cada obispo y superior, unilateralmente y luego en comunión, la que decide dar un paso".

Añadió luego: "Como sabe el Ministro de Presidencia, estamos dispuestos a una leal colaboración desde el respeto a la Iglesia y su marco legal. Y les hemos hecho saber que el Gobierno tiene responsabilidad sobre todas las víctimas. Nosotros podemos ofrecerles nuestra experiencia sobre la ayuda a víctima en la Iglesia".

"En diálogo con el Gobierno le hemos dicho que queríamos explicarle nuestro plan", detalló el arzobispo. "El Gobierno tendrá que decirnos qué medidas puede hacer él en asuntos que están prescritos según las leyes del Estado. En cualquier caso, el Gobierno de la nación debe respetar las reglas del juego, y una institución tiene el derecho de organizarse según sus obligaciones".

Argüello insistió en recordar a las víctimas que han sufrido sus abusos en otros entornos no eclesiales. "No es pedir mucho al Gobierno decirle que piense en todas las víctimas, que lea los informes de la Fiscalía o de la Fundación ANAR, ante la realidad potentísima del abuso. Al Gobierno de la nación hay que recordarles que tiene responsabilidad sobre todas las víctimas de abusos", insistió.

Vídeo de 22 minutos: Argüello en la Asamblea extraordinaria sobre abusos explica el contexto y las medidas.