Tras la legalización de la eutanasia y la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley trans ahora el Gobierno se lanza a la ampliación de la ya extremista ley del aborto que hay en España. Así lo ha avanzado la ministra de Igualdad, la podemita Irene Montero, que ha asegurado este jueves que se volcará en la reforma de esta normativa.
Sus objetivos son principalmente cuatro: acabar con los tres días de reflexión obligatorios antes de abortar, tal y como establece la ley. En segundo lugar seguir con la persecución de los rescatadores para blindar los abortorios. En tercero, eliminar el consentimiento paterno expreso para las menores que quieran abortar. Y por último limitar la objeción de conciencia del personal sanitario, de los cuales la abrumadora mayoría se niega a practicar abortos.
La objeción de conciencia sanitaria lleva tiempo puesta en la diana por distintos lobbies y grupos políticos. Y en su campaña para expandir aún más el aborto o la eutanasia la negativa de los médicos es un obstáculo que quieren eliminar.
El informe Matic aprobado en el Parlamento Europeo consideraba el aborto como un derecho humano y precisamente se ponía en cuestión la objeción de conciencia. Curiosamente, días después la ministra Montero ha pasado a la ofensiva en esta misma línea.
Mucha ideología y poca realidad
“La ley del aborto necesita una reforma”, ha afirmado Montero, que considera “imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos” para garantizar que cualquier mujer pueda acudir “a un hospital público y cercano a su domicilio” para abortar y que también lo pueda hacer “eligiendo el método”.
“El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres”, ha agregado Irene Montero, dejando claro cuál es su objetivo.
Con respecto a la eliminación de los tres días de reflexión obligatorios antes de abortar, la ministra de Igualdad ha afirmado que “es importante que institucionalmente mandemos el mensaje y lo traduzcamos a nuestra legislación que las decisiones de las mujeres no necesitan supervisión ni tutela y que, por tanto, eliminemos esos tres días de reflexión”.
Del mismo modo, Irene Montero asegura que la reforma de la ley del aborto también incluirá el blindaje de los abortorios siguiendo así la línea de la propuesta de ley del PSOE que pretende modificar el Código Penal para penar incluso con cárcel a los rescatadores.
“Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres que deciden abortar, el acoso no solo se produce a las mujeres que acuden, también a las profesionales”, ha comentado. Acusa a la “extrema derecha” de estar detrás. Sin embargo, las miles de mujeres rescatadas en los abortorios y que han tenido a sus hijos y ahora son felices pueden contradecir fácilmente los argumentos de Irene Montero.
Por último, la ministra también quiere eliminar el requisito de que las menores entre 16 y 18 años necesiten el consentimiento expreso de sus padres para poder abortar. Según ella esto es un “retroceso significativo” que procederá a cambiar.