El informe del Defensor del Pueblo y dirigente socialista Ángel Gabilondo sobre abusos a menores en entornos católicos (ReL lo analiza aquí) ha sido recibido con interés, incluso fruición, por los políticos de la izquierda y la extrema izquierda española. No es de extrañar, porque fue el Congreso de los Diputados quien le pidió esa investigación el 10 de marzo de 2022, por impulso del PSOE y el PNV (286 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones)

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde una rueda de prensa en Bruselas, declaró que con este informe "nuestro país y nuestra democracia es un poco mejor", y afirma que recoge "una realidad que todo el mundo sabía, pero de la que nadie hablaba" (aunque el informe reconoce en 6 páginas que sí se hablaba, mucho, en prensa, al menos desde 2006 sobre casos españoles, desde 2002, sobre otros países; veinte años de presencia constante de abusos ligados al clero católico en la prensa española).

Sánchez alabó el trabajo "respetuoso con las víctimas" y se comprometió a "estudiar" las recomendaciones del informe (que incluye muchas para poderes públicos: se supone que el Defensor del Pueblo existe para fiscalizar a los poderes públicos, no a entidades privadas como la Iglesia).

Ángel Gabilondo, dirigente socialista y Defensor del Pueblo, entrega su Informe sobre abusos en ámbitos católicos a la Presidenta del Congreso, la también dirigente socialista Francina Armengol, que eligió para la ocasión un gran cruz al cuello.

Podemos pide confiscar los colegios de 1 millón de niños

Podemos, la formación de izquierda populista que ha sido durante estos años el socio de Gobierno del PSOE, ha difundido un comunicado en el que pide directamente expropiar los centros educativos religiosos (en los que estudian entre 1,2 y 1,5 millones de menores en España) además de eliminar la "financiación pública de la Iglesia". Es un lenguaje de partido bolchevique en una formación hasta hoy co-gobernante en España.

Los que en el sondeo de GAD3 declararon haber sufrido abusos en la infancia los sufrieron en estos ámbitos, según el Informe Gabilondo: hay más víctimas en la educación no religiosa (un 50% más) que en la religiosa.

Podemos pide que el Estado gestione directamente las escuelas católicas. Sin embargo, el mismo Informe Gabilondo señala en su polémico sondeo que un 9,6% de las personas que han sufrido abusos infantiles los han sufrido en "entorno educativo no católico" (frente a un 6% que declaran haber sido abusados en escuelas católicas), y Podemos no explica qué piensa hacer con esos centros que también generaron abusos (centros públicos casi todos).

El comunicado de Podemos pide acabar con la impunidad (parece que solo en casos de abusos eclesiales, no de otros) y acusa a la Iglesia "ocultar y entorpecer" la investigación, pese a que el Informe Gabilondo detalla cientos de páginas de información recibida de las diócesis y congregaciones (y casi nada de, por ejemplo, Fiscalía).

Podemos pide que España rompa el Concordato con la Santa Sede asegurando que la Iglesia "reiteradamente ha incurrido en dinámicas de encubrimiento de agresiones sexuales a menores de edad", y añade que el Estado "no puede destinar fondos a la institución en la que se ha gestado la mayor trama pedófila conocida hasta la fecha". Insiste en "cortar toda fuente de financiación pública a la Iglesia, incluidas exenciones y beneficios fiscales" (hay todo tipo de fundaciones y asociaciones con acceso a exenciones y beneficios fiscales en España).

Podemos pide además que la financiación del fondo de compensación a las víctimas provenga "completamente de recursos de la propia institución, y no de dinero público", si bien el Informe Gabilondo no pide tal cosa y habla también de las responsabilidades de los poderes públicos, que desatendieron el asunto sistemáticamente.

Podemos insiste en hablar de "poner fin a la mayor red de pedofilia conocida hasta la fecha, que podría afectar a una de cada 100 personas en nuestro país según los datos conocidos en el día de hoy", sin decir nada del casi 10% de supuestas víctimas (según el sondeo) que fueron abusadas en la escuela no religiosa, el 7,5% que habría sufrido los abusos en entornos laborales siendo niño, el 3% que los sufrió en entornos deportivos, o el 2% en entornos sanitarios.

Sumar pide que no queden impunes los culpables

La formación que rivaliza con Podemos en la izquierda radical, Sumar, se ha manifestado a través de su portavoz adjunta en el Congreso, la dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal Sáez, quien ha calificado de "desolador" el informe. "Las víctimas no pueden esperar y los culpables no pueden quedar impunes. Justicia, reparación y no repetición", ha recalcado a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). Su intervención ha sido mucho más moderada, por ahora, que la de Podemos.

El PSOE quiere una subcomisión parlamentaria

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, declaró que el PSOE propondrá crear una subcomisión en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo para la evaluación y valoración del informe y para la adopción de medidas y reformas, aunque al parecer solo en lo que respecta a casos eclesiales, y no a otros casos de abusos en otros entornos escolares o deportivos.

"Las víctimas deben tener la certeza de que ellas son las que están y estarán en el centro de nuestras acciones. El Grupo Parlamentario Socialista va estudiar con detenimiento el informe y va a ser el impulsor de las propuestas e iniciativas necesarias para corregir los déficits que hemos tenido hasta la fecha y para impedir que estos abusos vuelvan a suceder", ha asegurado.

López sí ha notado que el informe denuncia que "los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a estos abusos a menores hasta el año 2021", algo que dijo que se debe corregir.

La CONFER valora el trato el informe

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que aglutina a unos 33.000 consagrados de 410 congregaciones, ha publicado un comunicado declarando una "valoración positiva" del trabajo del Defensor del Pueblo. "Valoramos la discreción y el sumo respeto que han mantenido constantemente con los Institutos Religiosos", sostiene la plataforma de congregaciones.

"Agradecemos los servicios que el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo a la hora de habilitar espacios de ayuda psicológica y de escucha para que las víctimas pudieran acudir libremente", detallan. Valoran positivamente la escucha de la institución a todos los implicados.

"Tomaremos en consideración y estudiaremos las propuestas", añaden, y se comprometen a "subsanar el daño producido y seguir implementando las políticas de prevención que ya poseen".

"Pedimos perdón a todas las víctimas que han sufrido abusos sexuales dentro de la Iglesia", añade su nota. "Nos sentimos profundamente identificados con su dolor y lamentamos si en algún momento no hemos actuado correctamente".

Los religiosos de la CONFER aseguran: "Partimos de la comprensión de su sufrimiento y de lo que sistemáticamente han pedido, que es el reconocimiento y la credibilidad de sus relatos".

Y aseguran sus "esfuerzos para ponerse en contacto con las víctimas, escuchar su relato, ofrecerles aquello que necesitan para sanar en la medida de lo posible el mal causado y ofrecer en todas sus instituciones elementos que garanticen entornos seguros para menores y personas vulnerables".

El informe tiene casi 800 páginas y está accesible aquí en PDF en la web del Defensor del Pueblo.