Con la totalidad de los votos escrutados, los resultados de las elecciones al Parlamento andaluz pueden recibir sin exageración el manido adjetivo de "históricos".

Por primera vez desde las primeras elecciones autonómicas en 1982, la izquierda no suma mayoría ni en votos ni en escaños, y es más que probable que Susana Díaz y el PSOE pierdan el gobierno regional. Además, irrumpe con fuerza imprevista -por más que los sondeos anunciaban una presencia importante- un grupo político como Vox, que ha hecho gala de su oposición a la ideología de género.

De hecho, su vicesecretaria de Movilización, Alicia Rubio, es autora del libro más perseguido por el lobby LGBT, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, cuyas presentaciones públicas fueron particularmente boicoteadas, con violencia de grupos radicales y complicidad de las administraciones, precisamente en Andalucía.

El candidato de Vox al Palacio de San Telmo, el juez Francisco Serrano, quien ya se presentó en 2015 sin obtener representación, ha logrado 12 diputados y casi un 11% de votos.

Éstos son los resultados oficiales:

PSOE, 33 diputados, 28,00% de votos.

PP, 26 diputados, 20,75% de votos.

Ciudadanos, 21 diputados, 18,25 % de votos.

Adelante Andalucía (Podemos), 17 diputados, 16,17% de votos.

Vox, 12 diputados, 10,95% de votos.

Estando la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (109 escaños) en 55 escaños, el PSOE solo podría conservar el gobierno mediante un pacto con Adelante Andalucía en el que entrase Ciudadanos con un voto afirmativo o su abstención. Algo que, hoy por hoy, todos los analistas consideran impensable.

El juez Francisco Serrano, de 53 años, es una víctima directa de la ideología de género. En un país como España, donde el régimen de visitas a los hijos en caso de divorcio está lastrado por los prejuicios de dicha ideología y en numerosos casos se incumple sistemáticamente dejando en la indefensión a numerosos padres, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a dos años de inhabilitación a Serrano, juez del juzgado de Familia nº 7 de Sevilla, por modificar 48 horas el turno de custodia para que un niño pudiese asistir con su padre a una procesión de Semana Santa.

El Tribunal Supremo amplió la sentencia a diez años de inhabilitación, una sentencia que en 2016 anuló el Tribunal Constitucional, que le facultó para regresar a la carrera judicial si lo deseaba. El Consejo General del Poder Judicial se negó a readmitirle, aunque tuvo que rectificar esa decisión. Finalmente, una vez lograda la victoria judicial, el magistrado ha preferido mantener el bufete de abogados que había abierto tras su condena.

En 2012 Serrano publicó La dictadura de género, un libro donde denunciaba las injusticias a las que dan lugar las leyes de supuesta protección contra la "violencia de género", que se basan, según el autor, en el enfrentamiento y no en la conciliación en el ámbito doméstico, todo bajo los dictados de la ideología de género.

"Desde 1998 llevo diciendo que había que reformar las leyes para proteger a las mujeres que sufrían maltrato", ha manifestado en alguna ocasión Francisco Serrano, "pero dije que la situación no podría revertir de tal forma que se pegara un pendulazo donde se quebraran derechos fundamentales de los hombres por el hecho de ser hombres, y que se considerara a las mujeres víctimas por ser mujeres, porque eso, entre otras cosas, perjudica y también humilla a las mujeres”.

Católico practicante y activamente provida, Serrano afirma sentirse "machacado por el ‘lobby’ de género, y acosado por esa ideología... Ahora mismo el que no tiene perspectiva ideológica de género es perseguido en este país... El nuevo aquelarre de género controla las instituciones, y casi a todos los partidos y medios de comunicación".

"Aquí está por encima de todo la ideología de género", añade, y el lobby LGBTI "se está imponiendo en España por encima del poder político y de las leyes".

Por primera vez estas ideas podrán escucharse en un órgano público de representación en España, pues hasta el momento todas las leyes de imposición de la ideología de género mediante adoctrinamiento infantil, imposición de la perspectiva de género en los ámbitos mediático y laboral y multas al disidente han sido aprobadas por todos los grupos políticos sin excepción: PSOE, PP (que en algún caso se ha abstenido), Podemos, Ciudadanos y nacionalistas de toda orientación ideológica.