Los rebrotes de casos de coronavirus en distintas regiones españolas ha provocado que los presidentes de estas autonomías estén tomando medidas para intentar contener los números de contagios. Y en muchos casos lo que se está haciendo es limitar el número de personas que pueden reunirse en un mismo lugar.
¿Pueden aprovechar algunos políticos estas decisiones de lucha contra el virus para arrinconar a la Iglesia? Es lo que cree Abogados Cristianos a tenor de lo ocurrido en Canarias la semana pasada y e-Cristians con lo sucedido en Cataluña.
En Canarias, el sábado el gobierno canario limitó las reuniones en cualquier lugar a un máximo de 10 personas en la isla de Gran Canaria y Lanzarote, lo que incluye las misas, sin importar ya el aforo o tamaño de la Iglesia como se hacía hasta ahora.
El caso catalán
En Cataluña, Quim Torra ha reducido el aforo de restaurantes y otros locales de ocio a un 50% pero de manera incomprensible –denuncia e-Cristians, en las iglesias se ha impuesto un 33% pese a que las medidas de higiene y seguridad en los templos se guarda de manera muy estricta. Por ello, han pedido a la Generalitat que no discrimine a los católicos en estas medidas.
La catedral de Las Palmas tiene capacidad para cientos de personas, pero con la normativa canaria sólo podrán asistir 10 personas, el mismo número que en una ermita pese a que su capacidad sea mucho menor
Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas para suspender el punto de la resolución del Gobierno de Canarias que afecta a las celebraciones religiosas.
La "arbitraria" decisión en Canarias
En su opinión, la medida del gobierno canario “es arbitrario, carece de seguridad jurídica y atribuye a la administración competencias que no son suyas y que atentan contra derechos fundamentales”.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda que “una Comunidad Autónoma no puede restringir ni prohibir derechos fundamentales”. Destaca además que “limitar a 10 personas el aforo de iglesias y catedrales con capacidad para cientos de personas es un pretexto para atacar la libertad religiosa”. ¿20 niños en un aula no son un riesgo y 10 personas en una catedral sí?
Por ello, Castellanos asegura que "defendemos la libertad religiosa porque creemos que hay que defender el Estado de Derecho frente a los abusos que algunos políticos regionales y nacionales están haciendo en estos últimos meses".
La jurista recuerda que “la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el art. 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos. Si permitimos este atropello en Canarias, termina implantado en todo el país”. Anuncia además que “si el gobierno insular no modifica esta resolución no descartamos iniciar acciones penales contra el presidente canario, Ángel Víctor Torres”.