Numerosos sanitarios, entre ellos el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid, se han manifestado contra el proyecto de ley que encabezan PSOE y Podemos para legalizar la eutanasia en España. Más tarde, un manifiesto con 100 personalidades de la vida pública española hizo lo mismo y ahora han sido numerosos juristas de reconocido prestigio los que han realizado una declaración pública, además del Comité de Bioética, que acaba de pronunciare por unanimidad contra su regulación.
Más de 160 profesores y académicos de Derecho se han unido públicamente en contra de la eutanasia. Se trata de 82 catedráticos y 74 profesores titulares de 37 universidades de toda España, más otros 6 miembros de número de varias Academias jurídicas.
Estos expertos hacen en esta declaración “un llamamiento público para que se retire esta iniciativa legislativa, por entender que, envuelta en equívocas palabras y pulsiones emotivas circunstanciales, constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad, y es contraria a la dignidad de la persona humana y a los derechos más fundamentales que le son inherentes, garantizados por la Constitución y el Derecho internacional de los derechos humanos como base irrenunciable de nuestra civilización”.
El catedrático José Luis Martínez López-Muñiz es la cara visible de la declaración de los juristas contrarios a la ley de la eutanasia
La inconstitucionalidad del proyecto
En su condición de juristas, los firmantes consideran que “la Proposición de que se trata es contraria a los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución Española, que protegen la dignidad de toda persona humana y sus derechos irrenunciables a la igualdad y no discriminación, a la conservación de la propia vida y a la protección de la salud aun cuando pueda encontrarse reducida, y especialmente cuando se trata de aquellos a los que los dos últimos artículos citados denominan disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y ciudadanos en su tercera edad”.
Por otro lado, en esta declaración los catedráticos y profesores de Derecho alertan que "lo ocurrido en los meses transcurridos de la actual pandemia ha evidenciado aún más especialmente el deber de volcar más bien el mayor empeño en el cuidado y atención de los mayores y enfermos graves, y de velar, sin restricción alguna, por su vida. La celebración de un nuevo Día Internacional de los Cuidados Paliativos el día 10 de octubre debería servir para incrementar la necesidad de dedicar esfuerzos a hacerlos efectivos para todos”.
Por ello, a través del primero de los firmantes, el catedrático de Derecho Administrativo José Luis Martínez López-Muñiz, llevarán al Congreso de los Diputados una carta en la que se pide a la presidencia de la Cámara que facilite esta declaración a todos los parlamentarios, particularmente a los que componen la Comisión de Justicia que se ocupa actualmente de este proyecto de ley de eutanasia. (Puede consultar aquí la lista de los firmantes).
Demoledor informe del Comité de Bioética
Por su parte, el Comité de Bioética de España, un organismo oficial que existe desde 2007, por impulso del socialista Rodríguez Zapatero para asesorar en casos de bioética complejos, acaba de dar otro duro varapalo a los impulsores de la ley.
Por unanimidad de sus doce miembros, de distintas sensibilidades, y sin votos particulares, el Comité de Bioética ha rechazado los fundamentos de la ley de eutanasia que se tramita en el Congreso. Ni los informes realizados sobre el aborto ni los vientres de alquiler lograron la unanimidad que se ha dado en este momento.
El informe que ha realizado concluye que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública”.
El Gobierno no había pedido la opinión de estos expertos del organismo público, pero el Comité de Bioética en el ejercicio de sus funciones -emitir informes en asuntos con implicaciones bioéticas relevantes- ha considerado advertir al Ejecutivo de que la ley propuesta no es válida desde un punto de vista ético.
Tal y como recoge ABC, el comité reconoce que es fácil simpatizar con el sufrimiento de alguien, “pero basar nuestro sistema ético y legal en aquélla es peligroso y jurídicamente inseguro”.
Además, el informe advierte que legalizar la eutanasia como un derecho “puede afectar al futuro de las personas más vulnerables”. La compasión dicen, debe conjungarse con responsabilidad y prudencia, además del “deber de no abandono y la solidaridad”.
Uno de los temores es que por tratar con compasión a los pocos casos que se presenten, se abra un camino que devalúe el valor ético y legal de la vida humana. Creen que cada uno de los casos que podrían considerarse beneficiarios de una eutanasia "son situaciones tan especiales que se hacen difícilmente generalizables".