La enseñanza concertada, al igual que ya lo ha hecho la privada, ha anunciado una movilización a gran escala contra la nueva ley de Educación que tramita el Gobierno, conocida como Ley Celaá. Se trata de la supervivencia de este modelo educativo y para ello han anunciado concentraciones físicas y también una importante recogida de firmas.
Para ello, han presentado la “Plataforma Más Plurales” en la que se encuentran unidos los colegios, los profesores y también las familias. Tal y como han denunciado en su presentación, este proyecto de ley afecta a más de 260.000 profesionales que pueden perder sus trabajos. También a cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos así como a más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente la asignatura de Religión. Por último, la normativa del gobierno pone en peligro la supervivencia de los más de 9.300 centros de la red concertada y privada.
El portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego, ha denunciado que la ley de educación que se está tramitando “vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa”.
Además, y entre otros aspectos, la Ley Celaá pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la Religión a asignatura de segunda, condenando al paro a su profesorado. Claramente, esta Ley, tramitada sin consenso, rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.
Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma, explica el motivo de las movilizaciones
Desde este momento la plataforma está recogiendo firmas para frenar la ley a través de la web Más Plurales. Igualmente, a partir de la próxima semana y durante todo el mes de noviembre se pondrán en marcha los “miércoles de protesta” con concentraciones en los centros educativos una vez finalizada la jornada escolar. Los martes también se producirán concentraciones ante el Congreso y las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Además, se ha lanzado la campaña del lazo naranja, como signo visual de las reclamaciones y que se colgarán en los colegios.
Muñoz de Priego ha señalado que las movilizaciones en la calle se producirán “en la forma y momento que se estime oportuno” ya que “depende mucho” de cómo evolucione la tramitación parlamentaria. Puede que se realice en vehículos.
En opinión del portavoz, una pandemia mundial como la del coronavirus “no es el mejor momento” para aprobar una ley de estas características, “entre Estados de alarma, en una situación crítica sanitaria y, por ende, económica sin precedentes”.
La comunidad educativa está ahora en lo que tiene que estar, que es intentar paliar los efectos negativos de esta pandemia a todos los niveles, trabajando codo con codo con las Administraciones, los centros, el profesorado y las familias para sacar adelante los retos educativos y sociales que plantea este delicado momento. Por todo ello, la Plataforma denuncia que se ha sustraído a la comunidad educativa del sano y democrático debate que debe acompañar la aprobación de toda ley. La democracia social y participativa ha dejado de serlo de manera efectiva y plena en estos últimos meses.
En vez de aplazar los debates de la Ley a otro momento más oportuno, el Gobierno ha preferido aprovechar estos momentos para acelerar su nueva Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de gran calado en su articulado que conducen hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos.
De hecho, la LOMLOE elimina la demanda social y permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de las familias, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos.
Para la Plataforma Más Plurales, como ha afirmado Muñoz de Priego, “la LOMLOE es una ley que acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas”. El objetivo fundamental de la Ley Celaá, consensuada entre el PSOE y Unidas Podemos, consiste en ensanchar el espacio de la escuela pública todo lo que permitan los presupuestos y la aguda crisis de natalidad que padecemos en detrimento de la libertad de las familias, que queda en un segundo plano. Con esta ley, la enseñanza concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública.
A esta campaña se han adherido las asociaciones de padres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya y las entidades Ven y Verás, EnLibertad, Yo Libre, Reli es Más, FEDMA y Libres para Elegir.
Puede firmar contra esta ley pinchando AQUÍ