Decenas de miles de personas, montadas en sus coches, se manifestaron este domingo por toda España en una enorme manifestación para protestar por la aprobación por un solo voto de diferencia en el Congreso de la Lomloe, la nueva ley de educación conocida como Ley Celaá, manifiestamente ofensiva contra la educación concertada, la especial y la asignatura de Religión.
Convocadas por la plataforma Más Plurales, las miles de familias se manifestaron pacíficamente y de manera festiva en sus vehículos debido a la pandemia de coronavirus. Lo hicieron en toda España excepto en Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana.
En Madrid el manifiesto de la manifestación fue leído por Pedro José Caballero, presidente de Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de alumnos) y Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de Cofapa (Confederación de Padres de Alumnos).
“Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad del mañana. Defendemos la complementariedad de las redes pública y privada concertada. No admitimos que la Lomloe permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado. Tampoco la planificación arbitraria de la administración por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias”, afirmaba el texto.
Igualmente, a través del manifiesto las miles de personas que tomaron este domingo las calles expresaron que “la asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas, que la eligen libre y voluntariamente cada año, y cuya voluntad debe ser respetada”.
Con la nueva ley de Educación esta asignatura no será evaluable ni tendrá alternativa, por lo que desde la Plataforma Más Plurales denuncian que “a través del control político de la educación estamos asistiendo también a una agresión a la conciencia, a favor de una imposición de ideología laicista, impropia de un estado no confesional”.
La educación especial también está en la mira con esta nueva ley. “No aceptamos el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición”, leían los encargados de hacer público el texto.
Por todo ello, anunciaron que “seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo” por lo que instarán a los distintos grupos políticos a interponer “recursos de inconstitucionalidad”. También pedirán a las comunidades autónomas que disminuyan “al máximo los efectos de la aplicación de esta norma”. Y en caso de que se aplique, que se derogue una vez caiga este gobierno.