En septiembre de 2018, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción "para impulsar el carácter laico" del consistorio, impulsada por Sí Se Puede (la versión local de Podemos) y con el respaldo del PSOE (con su alcalde, Óscar Puente) y de Toma la Palabra (Izquierda Unida, Equo). Ahora, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid ha anulado en parte la moción.
En concreto el fallo, con fecha de 3 de abril difundido este lunes 8 de abril por la parte demandante, la Asociación Española de Abogados Cristianos, anula dos puntos:
- el apartado que instaba a retirar la simbología religiosa de los espacios públicos
- y el apartado que instaba a dejar de promover actos religiosos
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Según la sentencia, estos puntos de la moción del Ayuntamiento de Valladolid «vulneran los derechos fundamentales previstos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española», que son los que se refieren a la libertad religiosa y a la libertad de expresión.
La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha pedido al alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, y a su equipo, que asuman responsabilidades políticas por este revés judicial.
A por otros consistorios con prohibiciones laicistas
Además, Abogados Cristianos ha anunciado que interpondrá denuncias contra otras 21 mociones similares aprobadas en ayuntamientos de toda España, sobre todo gobernados por alianzas de izquierda populista, postcomunistas y socialistas. La asociación ha enumerado Gijón, Oviedo, Valencia y Santiago de Compostela.
Son mociones que suelen exigir "despojar de simbología religiosa los espacios de titularidad pública" o "no promover ritos y celebraciones religiosas de ningún tipo”.
«De momento solo ha anulado dos de los apartados, pero todo se andará. Además, son los dos puntos más importantes, los que nosotros queríamos que se anularan», ha
especificado desde Valladolid Polonia Castellanos.
No descarta, además, en un futuro que estas denuncias sean presentadas por la vía penal al considerar que los consistorios están apoyando este tipo de iniciativas “a sabiendas de que están cometiendo una ilegalidad”.
Eso incluiría llegar a «pedir la inhabilitación de quienes vulneren los derechos fundamentales», ha advertido la asociación.