Tanto Cáritas como las otras tres decenas que conforman la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP) acaban de exigir a las autoridades españolas la puesta en marcha y aprobación de una ley contra la trata y la explotación de personas. La demanda tiene lugar en lo que Cáritas considera "una oportunidad histórica" para garantizar la protección a las víctimas, tanto por el "momento crítico" que se da en España por la cifra de víctimas como por el actual contexto preelectoral.
Según expresó Cáritas este 16 de mayo, uno de los aspectos que debe motivar la aprobación de la ley es la presentación de la realidad de las víctimas de la trata de forma clara y fiel, condiciones que no se dan actualmente en el plano numérico.
Así, los datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio de Interior identificaba a 129 personas como víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
El problema, dice Cáritas, es que al menos 6.600 personas fueron detectadas en situación de riesgo de sufrir esta problemática, por lo que los datos antes mencionados "no reflejan la dimensión real". De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que, por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.
La petición de Cáritas es una más dentro de las ya existentes por parte de organismos internacionales. Entre ellos, la organización benéfica cita al Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) que en 2018 ya instó a las autoridades españolas a adoptar un plan que aborde todas las formas de trata -cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida-, así como y a mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas.
Para el próximo Consejo de Ministros
Pese a esta y otras solicitudes de elaborar una estrategia de erradicación sobre la infancia y adolescencia, Cáritas lamenta que a pocos meses de finalizar la legislatura continúe dándose una "absoluta falta de voluntad política" para cumplir con este "compromiso".
"Por ello, pedimos al Gobierno que, en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria", exige el comunicado.
Precisamente el próximo Consejo de Ministros del mes de mayo constituye para Cáritas "un momento crítico" a nivel político debido a las próximas elecciones autonómicas y municipales en España así como a la próxima presidencia de la Unión Europea que España ostentará desde julio de este año.
"El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año. De no hacerse, lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?", concluye el comunicado.