La Conferencia Episcopal Española ha creado una comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores, y que estará presidida por el obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez, que en su diócesis ya ha implantado un claro protocolo anti-abusos.
Las conclusiones de esta comisión, que de momento estará formada por juristas y canonistas, y presentará sus conclusiones y el material que realicen en el encuentro que todos los presidentes de las Conferencias Episcopales tendrán con el Papa el próximo mes de febrero.
Actualizar los protocolos
Además de la reunión de febrero, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora, para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la Conferencia Episcopal para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.
Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará de manera más perfecta al “Modelo de Directivas” redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo. Estas Directivas se basan en la labor ya emprendida por muchas Conferencias y en la orientación de la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011.
En una entrevista en COPE, el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, explicó que “hay una necesidad” de actualizar sus protocolos tras el impulso del Papa para la prevención y persecución de estos delitos.
La disposición de la Iglesia
“Se pide de nosotros una coherencia”, aseguró Gil Tamayo, que agregó que “hay una disposición de la Iglesia de tolerancia cero, prevención y de hacer de la Iglesia un lugar seguro” porque los primeros interesados son los propios católicos, con los obispos a la cabeza.
Gil Tamayo explicó que tienen que “ser muy delicados” colocando en primer lugar “la atención a las víctimas, su escucha”.
Pero además, se pretende que con la Comisión se pueda “sacar a la luz el principio de presunción de inocencia, que no podemos cargarnos. En España hemos tenido esa experiencia, y ¿quién repara esa mala fama que se ha creado, el honor lesionado?”.
Cuidar, educar y proteger
En el comunicado de la Conferencia Episcopal se añade también que la Iglesia Católica asume el compromiso de: cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso.
Y lo hará -asegura-, seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia; procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable.