La semana pasada, el grupo parlamentario popular presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, a la proposición de ley de privilegios y multas LGTBI de Podemos, cuya toma en consideración aprobó la cámara baja el 19 de septiembre.
Aunque elimina algunos de los aspectos más claramente anticonstitucionales de la ley podemita, como el establecimiento de un órgano administrativo controlado por el lobby LGTBI con capacidad para limitar derechos constitucionales, la propuesta del PP consagra lo fundamental: la imposición legislativa de la ideología de género y la consideración de sus impulsores como grupo social privilegiado.
Según Ignacio García-Juliá, presidente del Foro de la Familia, la ley alternativa del PP “es una norma descafeinada para intentar contentar a todos, cuando el problema es que se trata de medidas no necesarias, puesto que la defensa de la igualdad y la protección de la no discriminación por razón de sexo ya se encuentran recogidas en las legislaciones española y europea”.
En ese sentido, el Foro de la Familia, "condena todo tipo de discriminación o agresiones por razón de sexo" y apoyará "medidas y normas que refuercen la protección de la igualdad y la protección de la no discriminación”. Sin embargo, "este tipo de normas establecen y blindan una serie de privilegios para una minoría que pretende universalizar una forma particular e ideológica de entender la sexualidad”, afirmó García-Juliá..
Además, “sobrelegislar para privilegiar a una minoría creará confusión jurídica. Confusión que se agravará debido a que el grupo a ‘no discriminar’ no se define por una característica objetiva, como sexo o raza, sino por un termino ambiguo y difuso como es ‘orientación sexual’ y que, como su propio nombre indica, puede ser cambiante”.
El Foro de la Familia recuerda que, según los datos del Informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los delitos de odio de 2016, los relacionados con la orientación sexual de la víctima ocupan el cuarto lugar, con un 18,1%. Estadísticas por debajo del 32,7% por racismo/xenofobia, el 20,4% por ideología o el 20,6% por discapacidad, "realidades, menos ruidosas, que están padeciendo esta lacra sin trato de favor legislativo”.