En un comunicado difundido este viernes, los obispos de Cataluña han solicitado implícitamente que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene en prisión, a la espera de juicio y por apreciar el juez instructor riesgo de fuga y reiteración delictiva, de cuatro de los imputados por el proceso que desembocó en la proclamación de la independencia de Cataluña (efectiva según algunos imputados, simbólica según otros) y por impedir tumultuariamente actuaciones judiciales.
"Queremos mencionar una cuestión concreta que nos preocupa", afirma el comunicado: "En cuanto a la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales, sin entrar en debates jurídicos, pedimos una reflexión serena sobre este hecho, en vistas a propiciar el clima de diálogo que tanto necesitamos y en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados".
Se trata de Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; Joaquim Forn, ex conseller de Interior; Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana; y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural. Los cuatro están imputados por delitos de rebelión y sedición, y los dos primeros por malversación de fondos públicos.
Sobre "los acontecimientos políticos y sociales que se han producido en los últimos meses en Cataluña", los obispos catalanes hacen "un llamamiento a todos para esforzarnos en rehacer la confianza mutua en el seno de una sociedad como la nuestra en la que se da una gran pluralidad cultural, política y también religiosa. La cohesión social, la concordia, la cercanía mutua y el respeto a los derechos de todas las personas que viven en Cataluña deben ser uno de nuestros objetivos prioritarios en este momento".
Afirman que en Cataluña "existe un problema político de primer orden que obliga a buscar una solución justa a la situación creada que sea mínimamente aceptable para todos, con un gran esfuerzo de diálogo desde la verdad, con generosidad y búsqueda del bien común de todos".
Y piden que los parlamentarios elegidos en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre "impulsen los mecanismos democráticos para la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat que actúe con sentido de responsabilidad para con todos los colectivos del país".
"Aunque no nos corresponde a nosotros", aseguran, "optar por una determinada propuesta a los nuevos escenarios que en los últimos tiempos se han planteado, defendemos la legitimidad moral de las diversas opciones sobre la estructura política de Cataluña que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y sean defendidas de forma pacífica y democrática".