Dicho estudio fue enviado durante el pasado curso académico a 1709 directores y asociaciones de padres de centros educativos madrileños para advertir de que las distintas leyes autonómicas de privilegios y multas LGTBI, "con la excusa del respeto a la diversidad, [encubren] un adoctrinamiento social en toda regla".
Estas leyes podrían generalizarse ahora con una ley nacional, en trámite en el Congreso de los Diputados, que obliga al adoctrinamiento en ideología de género en las escuelas públicas, de iniciativa social y privadas y faculta a organismos administrativos para el cierre de colegios, la clausura de medios de comunicación, el secuestro de publicaciones y la prohibición del ejercicio profesional.
La resolución de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, fechada el 28 de noviembre y firmada por Rosa María Salinero Flores, subdirectora general de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo, acusa a HazteOir de "expresiones de carácter vejatorio hacia las personas LGTBI" y de "voluntad consciente" en la infracción.
La resolución remite al artículo 37.1 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual aprobada para la Comunidad de Madrid el 22 de julio de 2016, según el cual "debe velarse porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos".
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Al remitir a ese artículo, que a diferencia de otros artículos no protege a personas sino los dogmas de la ideología de género, la resolución justifica la denuncia del folleto de que las leyes aplicadas "son leyes ideológicas", cuya necesidad, afirma el folleto sancionado, "no viene avalada por datos objetivos y estadísticas contrastadas sobre discriminación por motivos de orientación sexual o expresión de género": "La ley se fundamenta en una presunción, y hace de su objeto justificarla".
De hecho, los fundamentos jurídicos de la resolucion incluyen juicios ideológicos e históricos y decisiones políticas que se convierten de facto en obligatorios bajo pena de sanción, al señalar como parte de las "expresiones claramente vejatorias" el hecho de que, en el folleto sancionado, a las personas LGTBI "no se les reconoce en ningún caso como colectivo históricamente desfavorecido, que precisa de una protección especial".
Por su parte HazteOir ha anunciado que recurrirá la resolución, la cual, afirman, "no tiene en cuenta que el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó ya una denuncia interpuesta por la Confederación de Colegas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales rechazando así que el libro incurriera en delito alguno". Según el presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, con esta sanción "queda demostrado que Cifuentes tiene su propia Ley Mordaza, pero ningún político va a conseguir detener nuestra campaña por la libertad de educación y expresión”.