Esas abstenciones permiten que se tramite la ley de multas y privilegios, pero le quita lustre y alargará el proceso de la ley.
(El texto de la propuesta, con todos sus despropósitos, se puede leer aquí en la web del Congreso)
Los lobbies LGTB y la prensa de izquierdas se ha enfadado acusando al PP de traidores y de engañarles. La diputada del PP Marta González Vázquez, había estado llevando una pancarta con los lobbies en el pasado Día del Orgullo Gay y con sus compañeros del PP Javier Maroto, homosexual militante, y Andrea Levi. Ahora, ella misma tenía que explicar por qué se abstenían y anunciaban enmiendas a la totalidad del texto de Podemos, al que llamó "torpe" y "chapucero" y "hasta con faltas de ortografía y sintaxis".
El PP considera que la norma "establece compartimentos estancos que generarían más discriminación al colectivo LGTBI" y, por ello, más estigmatización. Por ejemplo: la ley prioriza al colectivo LGTBI en ayudas a la vivienda y cualquiera que se declare transexual (para lo cual basta definirse como tal) pasa a ser considerado "en riesgo de exclusión laboral". Por eso muchos le llaman la "ley de privilegios gays".
Antes de la votación, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, también ha tachado la proposición de ley de "delirante, intervencionista y estigmatoria", informa Efe. El portavoz conservador ha reprochado a Podemos que su propuesta para que la igualdad legal del colectivo sea real esté "plagada de ingeniería social" y que establezca "discriminaciones entre españoles según la orientación sexual".
Hernando ha recalcado que en los últimos años se ha producido una "proliferación legislativa" en las autonomías al establecer sistemas que "no son iguales en la defensa de determinadas personas" (el PP apoyó leyes autonómicas de privilegios gays en algunos sitios, como Galicia y Extremadura, pero no en otros, como Cataluña). "Somos partidarios de desarrollar una legislación pero evidentemente no esta", ha dicho.
Incluso en Unidos Podemos han reconocido que las multas contra comentarios "homófobos" previstas en la propuesta necesitaban algunas enmiendas, como recoge el diario de izquierdas Público.
El texto ahora mismo expresa que será motivo de infracción grave "difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familia".Como castigo: multas de 3.000 a 20.000 euros y clausura de página web.
Sin embargo, el resto de ciudadanos, ante ofensas o vejaciones son por razones religiosas o de otro tipo, no tiene esta protección: lo único que se puede hacer es denunciar por delitos contra el honor, injurias, calumnias o delitos contra el sentimiento religioso, con penas diminutas.
Otro de los puntos que ha criticado la parlamentaria del PP ha sido el que regularía el acceso de los menores a los procesos de cambio de sexo. El texto original de la propuesta señala que a partir de 16 años los que se autoproclamen transexuales y transgéneros pueden acceder sin permiso paterno a la "reasignación sexual quirúrgica" y "a partir de la pubertad" a los tratamientos hormonales.
O dicho de otra forma: una mutilación total de los genitales que les dejará estériles y dañará su cuerpo para siempre. Eso sí, no pueden fumar ni tomar una cerveza. No está claro si hay multas para los padres que intenten evitar que sus hijos se automutilen así.
Más aún: se prohibe ayudar a quien quiera revertir su cambio de sexo. Quien hiciera terapias para ayudar a un ex-transexual o transexual arrepentido sería multado. También quien ayude a alguien a combatir sentimientos no deseados de atracción por el mismo sexo.
El Estado decretará por votación parlamentaria que la transexualidad no es una patología (independientemente de lo que diga la ciencia, la OMS o el DSM, el Manual de Salud mental de refernecia internacional). No abundan los doctores en medicina en el hemiciclo. Los cambios de sexo los pagarán los contribuyentes españoles en la sanidad pública. En cambio, las terapias para quienes sientan disforia de género y quieran adecuar sus sentimientos a su sexo natural, físico, genético deberán pagárselas de su bolsillo.
En total hay 99 medidas que abarcan de todo: sanidad, educación, justicia, subvenciones, muchas multas y límites a la libertad de expresión. Incluso el portavoz del PNV Joseba Arrigetxea denunció que el texto inundaba competencias de las autonomías.
Eso sí, Arrigetxea se mostró a favor del "derecho a la libre autodeterminación de la identidad" de cada persona y de cada pueblo. No entró a explica cómo se ha de entender "la autodeterminación de la identidad" de cada uno: ¿podría un señor de 50 años de Cádiz autodeterminar que su identidad es la de una niña de 7 de Bilbao? La propuesta de Podemos recoge que basta con declarar una identidad sexual (y hay un número indeterminado) para que todos deban reconocerla.
Carlos Salvador, diputado de Unión del Pueblo Navarro, se abstuvo en la votación, pero fue el único que habló contra la ideología de género y el radicalismo LGTB que han adoptado los demás partidos. Hizo una buena síntesis de los siete peligros graves que comporta este texto que el Congreso de los Diputado ha admitido a trámite con la oposición de solo dos congresistas:
1-Los nuevos derechos de unos pocos, entendidos como derechos absolutos en la ley sin límites, darán lugar a abusos e injusticias.
2- El grado de subjetivismo va a generar una enorme inseguridad jurídica.
3- La nula referencia a las leyes de la Biología, que en esta ley parecen ocultarse intencionadamente crearán más conflictos de los que pretenden resolver.
4- Se elimina el derecho a la presunción de inocencia a los acusados por actos de discriminación. Un derecho que hoy conservan hasta los terroristas del ISIS. Esto es un disparate.
5- Así, la sobreprotección de algunos colectivos consagra ciudadanos de primera categoría y de segunda. Por tanto, la ley genera desigualdad.
6- La ideología de género es hoy una especie de religión laica con dogmas, sanciones, censura y tribunales. Se quiere imponer como modelo de educación sin respetar el derecho de los padres a educar a nuestros hijos sobre la base de nuestras propias convicciones y principios.
7- Más aún. La sobreprotección de unos pocos también restringe algo fundamental en democracia que es la libertad de expresión. Probablemente esto sea lo más grave”.