La marcha de este sábado en Madrid Por los derechos LGTBI en todo el mundo, que reunió a miles de personas, adquirió la condición de manifestación oficialista, al participar en ella por primera vez representantes de los cuatro grandes partidos y de los dos principales sindicatos. La concentración había sido convocada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto al Colectivo Gay de Madrid.

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios del PP, alegó que su partido había acudido porque por primera vez se les había invitado: "Es el primer año que se invita al PP, por esa razón asistimos y porque creemos profundamente en la igualdad de derecho, igualdad de oportunidades y en la diversidad y en proteger al colectivo LGTBI", afirmó. Por parte de los populares asistieron también el vicesecretario de Política Social, Javier Maroto ("casado" con su compañero en septiembre de 2015, acto al que asistió la práctica totalidad del Gobierno), y el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Semper



Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se unió a la concentración en la Plaza de Colón, alegando que se trataba de un "acontecimiento histórico" y que quería estar "apoyando la causa LGTBI, que es la causa de la libertad". Allí coincidió con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

En la cabecera de la manifestación, junto a los representantes citados del PP, se encontraban los líderes de Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera (acompañado de Begoña Villacís) y Pablo Iglesias, junto a la responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana. Asimismo sostenían la pancarta los secretarios generales de UGT, Josep Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, recién elegido para el cargo.

La unanimidad en el discurso por parte de los partidos y sindicatos convirtió en un acto "de régimen" la manifestación de este sábado en Madrid, a pocas fechas de que el Congreso de los Diputados debata una ley propuesta por Podemos que ha sido directamente redactada por la FELGTB, una de las organizaciones convocantes y que prevé todo tipo de sanciones contra quienes discrepen de esa "causa LGTBI" que, según Cristina Cifuentes, es "la causa de la libertad": desde el cierre de colegios y medios de comunicación al decomiso o destrucción de libros y material audiovisual que sean acusados "de incitar directa o indirectamente a la discriminación, al odio, la hostilidad o la violencia contra las personas por motivos de orientación, identidad sexual o expresión de género o características sexuales".

Serán sanciones administrativas aplicadas, tras la acusación de las organizaciones convocantes, por las administraciones gobernadas por los partidos asistentes al "acontecimiento histórico" del Worldpride Madrid 2017. 

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