El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha pedido este lunes que la asignatura de Religión «tenga plena integración en el currículum» en el marco de un futuro Pacto Educativo en España.

Se trata de un tema que cada Gobierno en España tiene que plantearse cuando se producen reformas educativas: cómo cumplir la Constitución y los acuerdos con la Santa Sede sobre la asignatura de Religión, que debe darse, especifican los acuerdos, «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», por lo que no puede quedar sin evaluar, arrinconada en horarios marginales ni devaluada de ninguna manera.

«La Iglesia tiene que defender el bien común y quiere que en el Pacto Educativo se vea reflejado el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones», recordó el portavoz de los obispos.

El Acuerdo Iglesia-Estado sobre Enseñanza y Asuntos Culturales firmado en el año 1979 es en realidad un acuerdo internacional (España-Santa Sede) y eso le da un rango máximo en el ordenamiento jurídico español. 


Durante una rueda de prensa sobre la plenaria de los obispos de la semana pasada en Madrid (con temas organizativos menores) Gil Tamayo pidió «abandonar la rémora laicista que pretende excluir el hecho religioso del ámbito público» y, en concreto, «de la escuela».

Además, reivindicó «la plena inclusión de la labor de la Iglesia en la sociedad y en el campo educativo». Para eso, Gil Tamayo desgranó lo que aporta la Iglesia a la educación en España: 2.449 centros católicos concertados, 124.000 trabajadores, 1,4 millones de alumnos, 15 universidades y 90.000 estudiantes universitarios. 

«La Iglesia tiene una palabra y quiere concurrir con una voz unitaria en concordancia con todos los actores. Desde los padres hasta los responsables de los colegios de la Iglesia», apuntó.


La Iglesia, dijo, quiere ayudar a «la estabilidad que necesita el sistema educativo y evitar que siga en el vaivén de la alternancia política». «Estamos llamados, no condenados, a trabajar juntos y primar el bien común», insistió el portavoz, quien consideró «un primer paso importante» el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre PP, PSOE y Ciudadanos para sustituir la Lomce.