En 2019, Cáritas en España implicó a 79.000 personas en su formación sobre empleo, comercio justo y finanzas éticas y ayudó a que 15.000 personas en sus programas de formación encontraran trabajo. (En los últimos años esta cifra se mantiene más o menos estable).

Los datos los ha difundido coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con su Informe de Economía Solidaria 2019, junto a una nueva entrega de la serie “Focus” de la Fundación FOESSA con el título “Vulneración de derechos: Trabajo decente”.

Cáritas señala que en España casi el 48% de los trabajadores que tienen una jornada parcial no desean que sea así y la inestabilidad laboral grave afecta a 7,8 millones de personas.

La rueda de prensa celebrada en la sede de Cáritas Española en la que se presentaron ambos documentos contó con las intervenciones de Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, que estuvo acompañada por Raúl Flores, coordinador de Estudios y secretario técnico de FOESSA, y Francisco Lorenzo, director de Acción Social.

 

Según el Comité Técnico de FOESSA: 

-       El trabajo indefinido y a tiempo completo es hoy en día una quimera para un tercio de los trabajadores en España (34,6%) 

-       Según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos en agosto de 2019 fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3% del total firmados en ese mes y, de ellos, casi cuatro de cada diez, el 37,8%, tuvieron una duración inferior a siete días.

-       La inestabilidad laboral grave alcanza a 7,8 millones de personas, afecta al 16,4% de las familias.

-       615.000 personas tienen empleos informales, sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorables.

-       Las familias en inestabilidad laboral grave sufren serias dificultades económicas, que se reflejan en no disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos (52%) o haberse visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos (42%). Son casi 2,5 millones de trabajadores pobres (13% de los trabajadores), quienes, a pesar de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa.

-       La fragilidad del espacio básico de seguridad, la vivienda, es otra consecuencia de este panorama: 3 de cada 10 familias en Inestabilidad Laboral Grave carecen de dinero suficiente para afrontar gastos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, suministros, etc.). Asimismo, 2 de cada 10 familias han recibido avisos de cortes de suministros por no disponer de dinero suficiente para pagarlos.

-       La población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente al ser personas a quienes el marco legal empuja a una situación administrativa irregular y se ven obligadas a cubrir puestos de trabajo en la economía informal. Incluso cuando la situación administrativa es regular, la desigualdad salarial medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros.

-       Este desajuste se muestra en el hecho de que sólo uno de cada cuatro hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción.

Programas eficaces para formar y encontrar empleo

Esta opción por un modelo inclusivo del empleo arroja resultados concretos y positivos año tras año. Así lo confirman los datos del Informe de Economía Solidaria 2019, que se edita bajo el título “Economía y personas: Trabajar por lo que es justo”. Las cifras del último año apuntan en esa dirección:

-       De las 78.976 personas que han participado en programas de empleo, 15.368 han encontrado trabajo. en un mercado laboral exigente y tratándose de personas que en algunos casos tienen que superar barreras añadidas.

-       Se realizaron 1.057 acciones formativas, por las que pasaron 16.276 personas.

-       29.755 personas fueron atendidas por los servicios de intermediación laboral.

-       Junto a ello, 689 personas participaron en acciones de autoempleo. 

Además de apoyar a las personas para que encuentren un puesto de trabajo en el mercado laboral, en Cáritas también se promueven iniciativas capaces de generar empleo a través de las empresas de inserción, que son iniciativas sin ánimo de lucro donde más de la mitad de los trabajadores son empleos de inserción.

A fecha de hoy, Cáritas cuenta en todo el país con 73 iniciativas de economía social, que suponen un total de 1.787 puestos de trabajo, de los cuales 985 son empleos de inserción por los que pasaron 1.353 personas en 2019. Gracias al impulso a la empleabilidad de estas empresas de inserción, 287 personas han encontrado empleo en el mercado normalizado.

Otro ámbito estratégico de la acción de Cáritas en el marco de la economía solidaria es su apoyo al comercio justo, que se concreta en una red estatal integrada por 33 tiendas y 114 puntos de venta, que el año pasado facturaron casi 582.000 euros. Además, se llevaron a cabo 520 acciones de sensibilización entorno al consumo responsable, el comercio justo y las finanzas éticas

Todo este trabajo a favor de la creación de empleo decente se apoya en el compromiso activo de 3.184 voluntarios y 984 contratados.

En términos económicos, la inversión total destinada por las 70 Cáritas Diocesanas de toda España a sus recursos y proyectos de empleo y economía social en 2019 fue de 45,8 millones de euros. De estos, 31,2 millones se invirtieron en los programas de empleo, 482.596 euros en actividades de comercio justo y 14 millones de euros se destinaron a las iniciativas de economía social.

Poner a la persona en el centro

Aprovechando la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Natalia Peiró apostó en su intervención por “una economía que ponga a la persona en el centro como condición indispensable para avanzar en el horizonte del trabajo decente”.

En ese sentido, la secretaria general de Cáritas invitó “tanto a empresas como a consumidores para que las primeras sean capaces de asentar su posición en el mercado y buscar su competitividad, sin cargar el coste de esta operación sobre los hombros de los trabajadores, junto a una actitud vigilante, comprometida y responsable de los consumidores que premie a las compañías que cumplen con los principios del trabajo decente”.