Este martes, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales ocurridos en el entorno de la Iglesia cuyos casos han prescrito. El plan, ideado por el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo en el informe presentado en octubre, propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. También implica la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación por parte de las autoridades eclesiásticas con los perjudicados. Gabilondo todavía debe presentar el plan ante el Parlamento.

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha declarado que "estudiará detalladamente" dicho plan del Gobierno "una vez lo haya recibido oficialmente".

También declaran que los cinco ejes sobre los que se estructura el plan - "reconocer y reparar;  atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar e informar e investigar sobre el primer eje"- hace tiempo que formaban parte del plan de acción de la CONFER, pues "coinciden con las acciones que los Instituto Religiosos están llevando adelante en favor de las víctimas".

En este sentido, los religiosos españoles admiten estar "reconociendo desde hace tiempo el daño producido", así como "estar trabajando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación".

"Los Institutos Religiosos abordan seriamente cada caso de abusos de una manera individual buscando responder a lo que cada víctima necesita. La CONFER seguirá en diálogo con todas las instituciones, eclesiales y civiles, para encontrar los mejores caminos de reparación para todas las víctimas", agregan los religiosos en su comunicado.

Una acción que la CEE hace tiempo que trabaja

La Conferencia Episcopal Española ha emitido sus declaraciones al respecto en una nota que, como reiteraba la CONFER, señala que la acción que la Iglesia desarrolla frente a los abusos sexuales "coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone".

"La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad", subrayan los obispos españoles.

Asimismo, respecto al plan de Gabilondo, consideran que las medidas referidas a las víctimas "son valiosas" y que el Gobierno puede contar con que la Iglesia "trabaja y trabajará con la experiencia que puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra".

Un "señalamiento público" que olvida al 90% de las víctimas

Sin embargo, la Iglesia no pasa por alto el trato dado a los menores víctimas de abusos en centros tutelados por el estado español y condena que "el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado".

"No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales.
Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones", menciona la nota de la Conferencia Episcopal Española. Asimismo, lamentan que el Plan del Gobierno "cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales".

"La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación", reiteran los obispos, y matizan que "son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia".

La nota concluye exponiendo que la Conferencia Episcopal ya se pronunció críticamente ante el ministro Bolaños sobre este plan por fijarse "sólo en la Iglesia católica", al tiempo que manifestó "su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto".

Cifras inventadas

A finales de marzo, Religión en Libertad se hacía eco de un estudio reciente de la Universidad de Barcelona detectó que el 18% de los adolescentes españoles fue agredido sexualmente en el último año (la mayoría por Internet).

Un 6% de los chicos y un 11% de las chicas de España habrían sido agredidos en este periodo por sus iguales, por gente de su edad. Estas víctimas, por ejemplo, no interesarían, al no tener que ver con religiosos ni clérigos.

En los últimos años, muchas entidades se han dedicado a investigar los abusos en entornos eclesiales en España cometidos desde los años 40: el diario El País, la Fiscalía general y las fiscalías autonómicas, el Defensor del Pueblo, la Iglesia Católica española, -a través de sus muchas oficinas de atención a víctimas, diocesanas o de congregaciones (son los que consiguen más datos y más concretos)- y el despacho Cremades, en una investigación de un año encargada por los obispos. El resultado de todas estas investigaciones apunta a unos 1.300 acusados (muchos de ellos muertos, que no pueden defenderse) y algo más de 2.000 víctimas.

Pese a eso, la prensa anticlerical, con El País a la cabeza, inventa cifras de 440.000 abusados en entornos eclesiales, completamente inventadas.

Aunque cientos de lectores y varias asociaciones como E-Cristians se quejaron a la Defensora del Lector, Soledad Alcaide, ésta dedicó dos veces su sección a defender no al lector, sino al periódico, declarando con desparpajo que "El País no es una empresa de estadística y, por tanto, no debe ceñirse a los porcentajes".

Además, los entornos católicos en el siglo XXI parecen muy seguros: pese a toda la campaña de El País, el Informe Gabilondo encontró sólo testigos de 27 abusos a menores en el siglo XXI en España (en el marco de 23 años, en un país con 23.000 parroquias y entre 1,2 y 1,5 millones de menores en las escuelas católicas).