Ante el desastre de las inundaciones y riadas en Valencia, la Corriente Social Cristiana ha difundido, con fecha 11 de noviembre, una valoración criticando la acción deficiente de las administraciones y con 10 "exigencias" para los poderes públicos.

Corriente Social Cristiana se define como un movimiento de "renovación social, cultural y política, mediante los principios del humanismo cristiano", que busca "intervenir en la vida política y en el espacio público" sin ser un partido. Se presentó en Barcelona en febrero de 2024, y en parte es heredera de la asociación E-Cristians, que se ha integrado en la Corriente.

"Fenómeno natural no imprevisible"

"La tragedia en el territorio valenciano tiene origen en un fenómeno natural extraordinario, pero no imprevisible, ya que históricamente (desde el siglo XIII) se han producido inundaciones catastróficas con un período de retorno de unos 70 años. El último gran episodio fue en 1957 con las inundaciones en Valencia, que provocaron cientos de muertes y llevaron al desvío del río Turia", recuerda su valoración.

En este caso, apuntan, se ha desbordado sobre todo el barranco del Poyo, "debido al retraso en las obras proyectadas hace más de 15 años por el ahora Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (último proyecto de 2021 con un presupuesto de 150 millones). Su ejecución habría minimizado la catástrofe", asegura el texto.

"La acción deficiente de la Generalitat Valenciana en la comunicación de alertas y el abandono por parte del Gobierno español en la gestión de la catástrofe, que afecta a más de 800.000 personas y 2.000 empresas, han empeorado la situación", asegura el movimiento.

"Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, debería haberse declarado la emergencia nacional y aplicado el nivel 3 de alerta, movilizando al ejército para suministrar recursos esenciales desde el primer momento. Unos recursos de urgencia (alimentos, agua, asistencia médica, medicamentos, salud pública de emergencia, generadores eléctricos, maquinaria pesada, reparaciones provisionales de emergencia y la logística necesaria) que solo un despliegue masivo de todo el ejército español puede garantizar", añade el análisis de Corriente Social Cristiana.

"La actuación subsidiaria de una multitud de generosos voluntarios en tareas de limpieza y auxilio inmediato a los vecinos, así como la colaboración de numerosas organizaciones intermedias —como por ejemplo Cáritas y las parroquias— para recoger alimentos y artículos de primera necesidad no eximen al Estado de su responsabilidad", añade el texto.

Voluntarios de Cáritas reparten ayuda en zonas de Valencia afectadas por la dana, con una parroquia como base logística, el 2 de noviembre.

10 exigencias a los políticos

Corriente Social Cristiana "exige" al Gobierno español y a los otros poderes públicos diez cosas:

1. La declaración de emergencia nacional, de manera que el Gobierno español asuma la dirección completa de la atención de las necesidades.

2. El incremento de la aportación urgente, con carácter inmediato, de liquidez económica para familias, autónomos y empresas. Es vital que a cada familia, autónomo y empresario les llegue ahora una primera inyección de dinero que ya
justificarán después. Hay miles de personas sin recursos que necesitan vivir.

3. La adopción por parte del gobierno de medidas para paliar la situación de ajuares, hogares destruidos y actividades económicas devastadas que garanticen la recuperación de lo perdido, y que no se repitan los errores en las ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma y por el terremoto de Lorca.

4. La ejecución del proyecto del barranco del Poyo y todas las demás obras públicas de prevención, así como la realización de actuaciones en los terrenos calificados como inundables en toda España

5. La reconstrucción de las poblaciones afectadas con medidas para reducir el riesgo: edificaciones, equipamientos, urbanización e infraestructuras.

6. La elaboración de un Libro Blanco por una comisión independiente de expertos con participación de todas las partes interesadas, y el debate sobre los resultados en el Congreso y Senado.

7. La definición de nuevos protocolos de actuación ante episodios de este tipo basados en las experiencias de los últimos años.

8. La revisión del sistema de alertas.

9. La investigación de la Fiscalía para determinar responsabilidades de las administraciones públicas.

10. La intervención del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana para evaluar las actuaciones de las administraciones públicas.

"Consideramos imperativo que los políticos practiquen la amistad civil entre ellos para garantizar la construcción del bien común y que pongan fin al estéril conflicto permanente en el que están inmersos", finaliza el comunicado.

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