Los dos obispados de las Islas Canarias y Cáritas en ambas provincias manifiestan su "indignación" por el trato que recibieron los ocupantes de la última patera llegada a las Islas y exigen que se "depuren responsabilidades" para evitar que situaciones "graves para la salud" como la que se vivió el pasado 7 de febrero en el sur de Gran Canaria se repita en el futuro.

En un comunicado reclaman a las administraciones central y autonómica "responsabilidad y mejor coordinación para respetar los derechos humanos de toda las personas migrantes que llegue a nuestras islas". Ello sólo puede ser posible, subrayan, mediante la disposición de medios suficientes para una atención sanitaria "eficaz y eficiente".

Las críticas de la Iglesia -la nota la firman el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias y el de la Diócesis Nivariense- se refieren a la polémica surgida entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo regional tras la localización a 20 kilómetros de la isla de una embarcación con 42 inmigrantes a bordo, sin apenas víveres ni agua.

Siete de sus ocupantes habían muerto en el mar y otra más falleció a las pocas horas en el Hospital Insular de Gran Canaria por una hipotermia severa. Del resto un buen número acabó hospitalizado, debido a su mal estado de salud.

No obstante, en las primeras horas varios de los inmigrantes fueron dados de alta y pasaron la noche tumbados en el suelo del aparcamiento de la Comisaría de Maspalomas, con monitores, mascarillas de respiración y vías conectadas.



Una imagen que el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, llegó a calificar de "dantesca" y le llevó a iniciar un duro cruce de reproches con los responsables del Servicio Canario de la Salud que ha acabado ante la Justicia.

Esta misma semana el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, también ha tomado cartas en el asunto y ha abierto de oficio un expediente de investigación para determinar la actuación de urgencia que llevó a cabo el SCS esa noche. En concreto, el Diputado del Común solicitará a Sanidad que informe sobre "cómo se desarrolló la prestación de la urgencia vital a los afectados que fueron derivados a hospitales [Doctor Negrín e Insular] y centros de salud [Maspalomas, Arguineguín y El Doctoral], y que se valore si el alta médica que se otorgó fue precipitada y no ajustada a la situación clínica que revestía cada uno".

En su comunicado, los obispados y Cáritas demandan que "se depuren responsabilidades" sobre lo ocurrido, y recuerdan, además, que la legislación española y los tratados internacionales obligan a las autoridades a atender "en condiciones dignas" a las personas que llegan a las costas.

"No queremos acostumbrarnos a la repetición de sucesos como éste. Allá por el 6 de noviembre de 2014 asistimos al bochornoso espectáculo de traslado de personas migrantes en un camión de basura [en la playa de Maspalomas] y, entonces, se alegaron lagunas en los protocolos y deficiencia en su aplicación". Desde entonces, añaden, "entendemos que ha habido tiempo para subsanar las carencias en esos protocolos".

Las organizaciones sostienen que "la dignidad del ser humano ha de ser uno de los ejes trasversales de los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de situaciones y reclamamos" subrayan, "el mismo trato digno para las personas independientemente de su situación administrativa. Por lo que denunciamos ésta y cuantas otras actuaciones que supongan vejación o vulneración de los Derechos Humanos y cualquier otra medida que atente contra la dignidad humana".