Durante estas últimas semanas se ha activado una gran maquinaria política, mediática e incluso judicial que tiene como objetivo atacar y minar la credibilidad de la Iglesia Católica en España. El pretexto que ha dado el pistoletazo de salida ha sido la publicación por parte de El País de una investigación que habla de 251 supuestos casos de abusos por parte de clérigos desde la década de 1950, de los que sólo 9 se habrían producido en el siglo XXI.
Una vez publicado y publicitado por parte de El País y haberlo enviado incluso al Vaticano, los obispos españoles han denunciado que dicho informe realizado por siete periodistas realiza muchas de las acusaciones sin datos.
Pese a ello se ha iniciado una campaña contra la Iglesia sin precedentes y desde varios frentes, el primero desde el ámbito mediático iniciado por El País y secundado por otros grandes medios audiovisuales con el juicio social contra la Iglesia al que se está sometiendo ya a la institución.
El segundo ha sido abierto por la Fiscalía General del Estado, a instancias de la fiscal general, Dolores Delgado, exministra de Justicia en el gobierno de Pedro Sánchez. Tras la publicación del informe, que evidentemente no es fuente de autoridad, ha ordenado una investigación general pidiendo a las distintas fiscalías superiores de España que le remitan los casos que estén relacionados con la Iglesia Católica.
La fiscal general ha aireado la petición que ha realizado a las fiscalías, pese a que el recorrido de su iniciativa "parece realmente escaso", con el objetivo más bien de seguir bombardeando a la Iglesia desde todos los flancos. Esto es lo que afirman fuentes jurídicas a Religión en Libertad, que recalcan que esta medida parece más bien un eslabón más en la campaña propaganda contra la Iglesia Católica. Esta medida de la Fiscalía la consideran más como un “cosmético” que como una medida realmente útil más allá del uso político con el que se pretende desgastar a la institución religiosa.
Dolores Delgado, ministra de Justicia nombrada por Sánchez y más tarde nombrada por él mismo como fiscal general.
Es más, se preguntan con qué intención querría la fiscal general reunir estos datos de las fiscalías regionales acerca de los posibles abusos producidos en el seno de la Iglesia. La respuesta podría apuntar directamente al Congreso de los Diputados.
Una fiscal general no siempre tan preocupada por los menores
Es importante recordar que Dolores Delgado no siempre ha tenido la misma diligencia ni interés en denunciar los casos de posibles abusos a menores. Y esto quedó atestiguado en unas grabaciones que salieron a la luz en los grandes medios cuando ella era ministra.
En 2018 se publicaron unos audios grabados en 2009 por el ex comisario José Manuel Villarejo (ahora en prisión por organización criminal y numerosas causas más relacionadas con el poder). En ese momento Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, compartía mesa en un restaurante con el ex mando policial y con el exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricación. En dicha conversación Dolores Delgado se jactaba de que en un viaje a Colombia al que acudieron jueces, fiscales y profesores de Derecho y en el que ella se encontraba vio a algunos de sus compañeros con menores de edad. "¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto", contaba riendo la ahora fiscal general.
La fiscal Delgado no denunció aquellos hechos, ni criticó públicamente la actuación de sus compañeros, ni ha ordenado investigación alguna al respecto contra la carrera judicial por aquella presunta prostitución o abusos de menores. Más allá del tono jocoso con el que lo contaba, tal y como se recogía en los audios, poco le importó a efectos legales el destino de aquellas menores.
Hace unas semanas el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello se lamentaba: "¿Por qué el foco sólo en la Iglesia católica? Hay casos en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al COI o a la FIFA?".
Pues esto es precisamente lo que el PSOE y sus socios han iniciado en el Congreso, pero sólo contra la Iglesia, como se quejaba sin éxito el obispo castellano. En estos momentos hay dos vías abiertas en la Cámara Baja, aunque podrían darse finalmente ambas: una comisión de investigación en el Congreso, que podría llevar a obispos y cardenales a contestar a las preguntas de los diputados y a someterse a la conocida como “pena del telediario y/o encargar desde el Congreso una investigación independiente al Defensor del Pueblo, dirigido ahora por el ex ministro socialista y ex religioso Ángel Gabilondo.
Esta última opción es la que ahora defiende con mayor fuerza el Gobierno del PSOE, aunque desde Podemos y otras formaciones de izquierda consideran que no es incompatible con la comisión de investigación en el Congreso.
¿Todas las víctimas valen lo mismo?
Sin embargo, ¿a estos partidos les importan todas las víctimas por igual o depende de quién sea el supuesto agresor o el responsable de proteger a los menores a la hora de denunciarlo?
En Baleares y la Comunidad Valencia se han producido graves escándalos en los últimos meses. En ambas regiones gobierna el Partido Socialista apoyado por partidos nacionalistas y de izquierdas.
En Baleares, 17 menores de edad tuteladas por la administración fueron prostituidas por mafias. El garante de su seguridad falló estrepitosamente y lejos de protegerlas fueron sometidas a un mayor sufrimiento. Sin embargo, una y otra vez la presidente de Baleares, la socialista Francina Armengol, se ha negado a que se abra una comisión de investigación sobre el caso. Hasta una delegación del Europarlamento se ha dirigido a ella para pedir que investigara dichos casos.
Más grave si cabe es lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, que además salpica gravemente a Mónica Oltra, vicepresidente de dicha comunidad y consejera de Igualdad. Su exmarido ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor en un centro de acogida del que él era educador, caso que la Consejería responsable, precisamente dirigida por Oltra, ocultó todo el tiempo que pudo.
Pero además, en la Comunidad Valenciana se ha destapado otra red en la que 175 menores tuteladas por la Generalitat valenciana fueron abusadas sexualmente en los últimos dos años.
Sin embargo, en ambos casos partidos como el PSOE y sus socios se han negado a investigarlo tanto en las regiones en las que se han producido estos supuestos abusos como en el Congreso de los Diputados. Y además su negativa se ha producido de manera repetida.
Por tanto, la pregunta final que surge es clara, ¿por qué unos casos sí merecen ser investigados, con gran publicidad incluida, y otros no? ¿Hay acaso intencionalidad política contra la Iglesia?
La importancia de poner en contexto los datos
No se puede negar que se han producido hechos gravísimos a manos de clérigos católicos, pero también parece claro que el objetivo final con esta ofensiva por distintos frentes no es tanto destapar la verdad como acabar con la Iglesia, sobre todo si se observan las estadísticas.
Gráfico de la investigación de la Fundación Anar sobre los agresores sexuales en España entre 2008 y 2019, según la muestra que recogieron.
El informe realizado por la Fundación ANAR sobre el abuso sexual a menores de edad en España entre enero de 2008 y mayo de 2019, dado a conocer en marzo de 2021, muestra que tan sólo el 0,2% de los abusos producidos en España contra menores en ese periodo tuvo como agresor a un sacerdote o religioso.
Esta organización es un referente en España en atención a menores en situación de riesgo y para realizar su estudio se basó en los 6.183 casos que atendió en este periodo de tiempo. “El abuso sexual es un problema que tiene lugar fundamentalmente en el círculo familiar y en menor medida en el entorno de confianza”, decían las conclusiones del informe.
En el promocionado informe de El País, de los últimos 251 casos registrados por el periódico (un caso es un agresor), sólo 9 sucedieron en el siglo XX. Los años 80-90 registran 60 casos; los años 60 y 70 contabilizan 137 casos; los años 50, 31 casos. Hay que insistir en que poquísimos de estos casos se han juzgado en tribunales, ya que la inmensa mayoría han prescrito o los acusados han fallecido.
En abril, la Conferencia Episcopal difundió que en los últimos 20 años, han ejercido el ministerio sacerdotal en España más de 31.000 presbíteros, entre religiosos y diocesanos. En esos mismos 20 años, la Iglesia española remitió al Vaticano 220 denuncias (0,7% del total de sacerdotes) por abusos sexuales:144 contra sacerdotes diocesanos, 76 contra sacerdotes de congregaciones religiosas. Del total de casos, 151 se han resuelto ya sean con absolución o condena y los 69 casos restantes estaban en trámite.
En una contundente declaración, e-cristians afirma que “existe una voluntad política deliberada de sacar del foco el problema social de la pederastia, tan extendido a nuestra sociedad, y esconderlo detrás de los sacerdotes y religiosos, que como colectivo presenta un número de casos de reducida incidencia, tanto en términos relativos como absolutos, en comparación con todos los demás colectivos que se relacionan con menores. En realidad se pretende convertir a la Iglesia en chivo expiatorio de un pecado social y de las instituciones civiles”.
Por ello, desde esta plataforma cristiana formada por laicos exigen “una rectificación de los Diputados y de la Fiscalía a fin de estudiar todos los casos verificados y presuntos e incluir a todas las víctimas. Todo lo que no sea esto es ocultación por parte de las instituciones y constituye un escándalo y una vergüenza”.