Galicia se suicida.
Hace 10 años que pierde población (tiene 70.000 habitantes menos que en 2011) y hace 40 años que tiene más defunciones que nacimientos.
En 2018, por ejemplo, hubo 15.800 fallecimientos más que bebés nacidos. Los gallegos dejan nacer a unos 16.000 bebés al año. Es decir, antes de la pandemia, las defunciones casi doblaban ya los nacimientos y parece seguro que en la pandemia los han doblado.
Hoy la edad media de las mujeres gallegas es de casi 49 años: escasean las mujeres fértiles y los bebés. Cada año los gallegos abortan entre 2.500 y 3.100 de sus bebés.
Por número de octogenarios, Orense es la tercera región más envejecida de toda Europa (12% de octogenarios), y Lugo la quinta, según datos de Eurostat 2019.
En este contexto, con el doble de muertes que de nacimientos, parece un suicidio demográfico que todo el Parlamento de Galicia haya registrado este martes un acuerdo alabando el aborto y exigiendo que se facilite aún más, con la aprobación de unánime de sus tres grupos parlamentarios: el PP que gobierna, el Bloque Nacionalista Galego (BNG, de izquierda radical nacionalista) y el Partido Socialista.
La proposición insta a la Xunta a «adoptar las medidas necesarias para garantizar» que las mujeres en Galicia puedan «ejercer, con todas las garantías, el derecho al aborto en el sistema público gallego de salud».
La proposición no de ley partió del BNG y contó con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular, aunque este último matizó que tanto el PP como el Gobierno autonómico apoyan a todas las mujeres «que elijan ser madres o no serlo» (por el envejecimiento femenino, no quedan muchas que puedan elegir ni una cosa ni otra).
La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, señaló que el 77% de los abortos en Galicia se realizan en clínicas abortistas privadas especializadas (aunque pagado cada uno de ellos con dinero de los contribuyentes, ya que todos los abortos están concertados con dinero público).
La izquierda está en plena campaña para que se practiquen más abortos en hospitales públicos, pero la realidad es que, aunque el aborto está despenalizado desde los años 80, nunca se normaliza: es una actividad que repugna a ginecólogos, obstetras y matronas y sólo un casta muy especializada (los aborteros) están dispuestos a realizar esta práctica.
La diputada del PP, Marta Rodríguez-Vispo, ha respondido que las mujeres pueden libremente decidir si abortan en un hospital público o en una clínica privada.
El contexto español no es mucho mejor
Los abortos declarados en España oscilan cada año entre los 94.000 y los 100.000. Eso no ayuda a la natalidad española. La edad media de la mujer en España es de 44,6 años. Sólo hay 5,8 millones de mujeres en edad fértil (de 18 a 38 años; los ovarios se empiezan a estropear a los 35) y las treintañeras son muchas más que las veinteañeras.
En 2019, antes de la pandemia de coronavirus, murieron 418.000 personas en España y nacieron sólo 360.000 bebés: hace varios años que hay más muertes que nacimientos en España, un país donde el Estado paga el aborto, pero no da ninguna ayuda a la natalidad ni maternidad, como denuncian los informes de RedMadre.