El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha valorado la situación política y eclesial en una entrevista con el diario El Mundo en el que ha hablado de los ataques del nuevo gobierno a la Iglesia, la eutanasia, el pin parental, la asignatura de Religión o la educación diferenciada.

De este modo, el también obispo auxiliar de Valladolid ha indicado que “el punto de debilidad del nuevo Gobierno podría ser su gran oportunidad: favorecer de verdad un diálogo para el bien común. El diálogo que el Gobierno tiene que hacer dentro y que necesita desde sus apoyos externos se debe poder ampliar para que sea un ejercicio de razón y no una expresión de cultura del enfrentamiento”.

Líneas rojas ante la muerte como salida

Sobre la eutanasia, el portavoz de los obispos españoles asegura que “cuando en lo económico-social vemos cómo el paradigma tecnocrático acepta que la muerte puede ser una consecuencia de las propias políticas económicas, es una buena cosa poner una línea roja ante la muerte como salida, solución a los problemas o alivio del sufrimiento, que en realidad es aniquilar al sujeto que sufre”.

Aunque no cree que la eutanasia sea una fórmula para ahorrar gasto sanitario, Argüello puntualiza que “en una sociedad que tiene problemas con las pensiones, eso, de manera indirecta, puede tener alguna fuerza. Pero no creo que esa sea la causa para el legislador español”.

Exigir el cumplimiento de los acuerdos

Preguntado también sobre la asignatura de Religión y el intento del gobierno de que no sea evaluable ni tenga alternativa, monseñor Argüello recuerda que “para que una asignatura tenga dignidad ha de ser como las demás. Es decir, evaluable. En una época amenazada por corrientes antihumanas, el que un elemento humanizador como el cultivo de la dimensión espiritual y religiosa esté en el currículo es de más actualidad que nunca”.

Además, el secretario de la CEE también recalca que “la asignatura de Religión con este determinado rango está prevista en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Evidentemente, le diríamos al Estado español que cumpla los acuerdos”.

Sobre el ataque a la escuela concertada y la acusación de que el concepto de “demanda social” ha contribuido a multiplicar los colegios concertados y a reducir los públicos, Argüello lo niega. En su opinión, “desde tiempos de Felipe González (presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 nda) la ratio entre escuela pública y concertada se ha mantenido. La ‘demanda social’ está en la exposición de motivos de la ley de eutanasia. Y, sin embargo, no se quiere tener en cuenta la demanda social para la escuela, ¿entonces?”.

Más allá del pin parental

Por ello, considera que “en la medida en que la mayoría de la escuela concertada en España es de iniciativa eclesial no es que sea una acción directa contra la Iglesia, pero sí indirecta”.

También habló el representante de los obispos sobre el “pin parental”, del que dijo que “no nos tranquiliza mucho”. Explica que “si hay motivos para que algunos padres saquen a sus hijos, no me alegro porque cinco se puedan ir, me preocupan los 20 que se quedan. Por eso le hemos dicho al Ministerio que hay que acordar propuestas que tengan que ver con los derechos humanos de la primera y segunda generación. Y poner en sombra los derechos humanos de tercera y cuarta generación, que son cómo dar carta de naturaleza a las diversidades y propuestas antropológicas en las que no hay acuerdo. Implantar criterios de igualdad, de educación afectivo-sexual, de perspectiva de género...”.

También contestó sobre el anuncio del Gobierno de revisar la fiscalidad de la Iglesia. Así, monseñor Argüello recordó que “la fiscalidad de la Iglesia está regida por una normativa que la equipara a otras entidades no lucrativas. El Gobierno está en su derecho de cambiar alguna legislación fiscal que afecte a las entidades no lucrativas. Los beneficios fiscales de esas entidades reportan luego un beneficio a la sociedad. El Gobierno debe valorar eso. La Iglesia no quiere privilegios, pero tampoco discriminaciones”.