Estos tres debates surgieron al hilo de la repescada promesa del PP de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, puesta en marcha por el anterior Gobierno socialista en 2010.
Tras haber retirado la reforma global planteada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón sobre la materia, lo que le llevó a dimitir, el PP presentó en febrero en el Congreso esta proposición de ley para cambiar un artículo de la ley de 2010. La presentó, precisamente, la misma semana en la que se registraron las dos mociones de la oposición en contra de introducir cambios en la legislación vigente.
Pese a las presiones de los provida [cuatro enormes manifestaciones en menos de 13 meses, nota de ReL], esta reforma del PP se va a limitar, en un principio, a que sea obligatorio el consentimiento paterno [o de un juez, nota de ReL] para las jóvenes de 16 y 17 años a la hora de interrumpir su gestación.
De hecho, desde la dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados se confirmó a Europa Press que, ante la insistente negativa de los diputados provida a votar el próximo martes la reforma, ya no se plantean llevar adelante los cambios que habían ofrecido a los parlamentarios díscolos, como suprimir la mención del "derecho" de las mujeres a decidir libremente su maternidad.
Y es que, a pesar de esta posibilidad de cambio y de hacer obligatorio el consentimiento paterno en casos de jóvenes de 16 y 17 años, estos diputados ´provida´ consideran que la reforma sigue manteniendo el resto de la ley de plazos aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, por tanto, la posibilidad de abortar en las 14 primeras semanas de gestación.
Por todo ello, varios de ellos aseguraron a Europa Press que no participarán de la votación este próximo martes. No se sabe si se ausentarán del hemiciclo o bien no votarán, pero no participarán de ella, según confirmaron varios de ellos.
Los plazos que maneja el PP para su aprobación final en el Congreso se sitúan después de las elecciones de mayo. Este martes la proposición de ley se admitirá a trámite en el Pleno del Congreso y el PP piensa pedir que se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar todos los plazos a la mitad.
El siguiente paso será el debate en sesión plenaria de las enmiendas de totalidad, que en este caso exigen presentar un texto alternativo y que al menos el PSOE e Izquierda Plural tienen decidido registrar. Y cuando se rechacen, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales.
El texto y las propuestas de cambio al articulado tendrán que pasar por la fase de ponencia, y posteriormente debatirse en comisión parlamentaria y, nuevamente, en el Pleno antes de ser enviada al Senado.
Al tener rango orgánico, la reforma del PP requiere el voto a favor de al menos 176 diputados y, aunque puedan perder a algunos de sus provida (tiene 185 miembros), el Grupo Popular lo compensaría con el apoyo de los seis diputados de Unió Democrática (UDC) y el de UPN.
En el diario ABC se explica que la libertad de voto de los tres diputados del PP que no respaldan la reforma mínima del aborto impulsada por su Grupo tiene un precio: una multa de 600 euros, pero multiplicada por dos. En total, 1.200 euros a cada diputado provida. Una por cada votación que se llevará a cabo en la tramitación de la ley a su paso por el Congreso, según han explicado fuentes parlamentarias populares.
«Pagarán la multa máxima, y dos veces», advertían este viernes desde la dirección del Grupo Popular. Se trata de los diputados Lourdes Méndez Monasterio, José Eugenio Azpíroz y Javier Puente, que ya han confirmado que el martes romperán la disciplina de voto y no apoyarán la toma en consideración de la Proposición de ley que defiende su grupo.
Grupo de diputados provida del PP reunidos en un acto el pasado otoño pidiendo al PP que no asuma el aborto de Zapatero
La dirección del Grupo Popular quiere mostrar la máxima firmeza ante la ruptura de la disciplina interna, e impondrá la sanción más alta prevista por sus normas internas, como ya hizo cuando sancionó a Celia Villalobos por pedir la retirada del anteproyecto de ley de la reforma del aborto. Se da la circunstancia de que el anteproyecto fue retirado posteriormente.
Los diputados rebeldes pueden ausentarse de la votación, pero deberán justificar su ausencia si es que quieren evitar la multa. Si lo que pretenden es expresar su rechazo a una reforma que consideran a todas luces insuficiente, deberán retratarse, y pagar la sanción.
«Más vale una multa con honor que perder el honor al votar», señaló uno de estos diputados, algo que ha sentado realmente mal a la dirección del Grupo Popular.
La primera votación se llevará a cabo el martes por la tarde, tras el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley que ha presentado el PP. A partir de ahí se abrirá el plazo de enmiendas, hasta el 27 de mayo. El Congreso tiene previsto votar la Proposición para su aprobación o rechazo antes del verano, y antes de ser remitida al Senado. Será la segunda vez en que se pondrá a prueba la disciplina de voto.
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Bajo estas líneas, un análisis del padre Santiago Martín, miembro del Pontificio Consejo para la Familia, al saberse que el PP aceptaba y mantenía la ley de aborto de Zapatero