El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva ley del aborto, cuyos ejes centrales en esta materia incluyen la posibilidad de que menores de edad de 16 y 17 años puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento paterno. Al igual que con la eutanasia se prevé un registro de objetores de conciencia, lo que pondrá en la diana a los profesionales sanitarios.
"Es un nuevo avance para la democracia del país", afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Del mismo modo, Irene Montero, ministra de Igualdad y responsable de este texto y no Sanidad como hubiera sido lo lógico, ha informado igualmente que la ley se tramitará por “vía de urgencia”, lo que reducirá a la mitad los tiempos establecidos para que los órganos consultivos emitan los informes y dictámenes sobre el texto.
Montero ha puesto en valor la aprobación de esta norma para la "calidad democrática" del país porque "amplia derechos" y, específicamente los de las mujeres a las que, según ha apuntado, se les está garantizando que "puedan vivir mejor" y "desarrollar sus proyectos de vida con garantía de derechos".
Por su parte, la ministra Isabel Rodríguez ha incidido igualmente en esta línea asegurando que esta norma permitirá “continuar ampliando derechos” desde que se aprobara la ley Aído hace ya doce años. Esta ley está recurrida al Tribunal Constitucional, que de manera escandalosa lleva más de 11 años sin manifestarse sobre ella.
Anticonceptivos gratis en colegios
En este sentido, la ministra portavoz ha destacado que, este nuevo texto, tiene también "como objeto revertir algunos retrocesos" realizados por el Ejecutivo del PP en su reforma de esta norma con su mayoría absoluta en 2015.
Tal y como informa Europa Press, el proyecto de ley aprobado este martes quiere garantizar el aborto en la Sanidad Pública, permite abortar a menores a partir de los 16 años, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por aborto, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.
Fuentes del Ministerio de Igualdad afirman también entre las medidas de esta norma que los centros de salud vayan a distribuir la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva. Se trata de un producto que actualmente vale 20 euros en la farmacia, según han indicado las mismas fuentes.
Del mismo modo, el texto recoge también que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres.
Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye, además de la ya anunciada baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual.
También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual. Esto se incluye en el capítulo de Educación Sexual, en donde se apunta que esta será integral en las principales etapas educativas con el objetivo de ofrecer conocimientos basados en el consentimiento y las relaciones fomentadas en los buenos tratos.
Además, y tras negociar con el PSOE, esta norma no perseguirá finalmente a las parejas que recurran a los vientres de alquiler en otros países, aunque sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer. También recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso.