La Conferencia Episcopal Tarraconense, reunida en Salardú (Valle de Arán) del 8 al 10 de julio, abordó, entreo otros puntos, la polémica ley que tramita desde hace un año el parlamento de Cataluña.
"Los obispos han expresado su preocupación por el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento de Cataluña, con el título «Ley de Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia». Aún reconociendo la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, religión, creencias y condiciones físicas o psíquicas, los obispos consideran este proyecto muy desacertado, tal y como está redactado, por las graves consecuencias que puede tener en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Cataluña", afirma el comunicado de los obispos catalanes.
Según denuncia Profesionales por la Ética, "lo más novedoso de esta norma es el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que utiliza conceptos jurídicos indeterminados que harían posible castigar cualquier opinión o conducta que no satisfaga los plantemientos del lobby homosexual".
El proyecto de ley considera sancionable, por ejemplo: emitir mensajes subliminales que inciten a la homofobia o a la transfobia en los medios de comunicación, ya sean públicos o privados; el comportamiento verbal que denote homofobia, lesbofobia o transfobia no dirigido a personas LGBT; comportamientos basados en la ignorancia dirigidos a personas LGBT por causa de su orientación sexual o identidad de género; escritos, publicaciones o contenidos públicos que tengan connotaciones homofóbicas o transfóbicas; contenidos homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos en mensajes o discursos públicos.
Al mismo tiempo, la ley, si se aprobase, obligaría a "incorporar en los currículums, recursos formativos e itinerarios de formación de todo el alumnado el conocimiento de las diversidades sexuales y afectivas y de la identidad de género, promoviendo los recursos didácticos y otros recursos sobre dichas cuestiones, así como sobre los diversos modelos de familia".
En el ámbito cultural, los poderes públicos deberían "impulsar, promocionar y fomentar la producción de espectáculos infantiles y juveniles que incorporen registros positivos sobre la diversidad afectiva y sexual y sobre la identidad de género".
Por lo que respecta a los medios de comunicación, se podrá controlar los contenidos así como la publicidad, para que sea respetuosa con las personas LGBT, fomentar que incluyan dicha temática, y recoger periodicamente las informaciones con tratamiento "contrario a la diversidad sexual" y hacer un seguimiento.
Para Ramón Novella, portavoz de Profesionales por la Ética en Cataluña, "esta proposición de ley vulnera las libertades y niega el derecho de los padres a educar a sus hijos. Resulta gravemente afectada la libertad de expresión de los medios de comunicación. También la libertad religiosa, ya que impide que las diferentes confesiones puedan manifestar su postura sobre la cuestión. Igualmente afecta al derecho de los padres a que los hijos puedan recibir la educación que esté de acuerdo con sus convicciones morales, filosóficas, religiosas o pedagógicas. Asimismo, vulnera el ideario y al proyecto educativo de muchos centros de enseñanza y afecta a la libertad de cátedra".
Además, Novella ha denunciado que la norma está siendo debatida sin ningún tipo de publicidad: "Hay un pacto de silencio entre sus promotores para que no se conozca su contenido, lo que demuestra el temor que tienen a que los ciudadanos sepan su verdadero alcance".