El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha calificado este martes 22 de abril de "despropósito jurídico y económico" plantear la expropiación de la catedral de Córdoba -antigua mezquita- porque no hay peligro de destrucción o deterioro y porque la indemnización supondría una cantidad "ingente".
El debate en torno a la propiedad de la catedral de Córdoba ha ocupado este martes el protagonismo de la sesión de control al gobierno de España en el Senado.
Izquierda Unida (IU) ha llevado la cuestión a la Cámara Alta varias semanas después de que se iniciara una recogida de firmas para que el templo católico desde el siglo XIII pase a ser de titularidad pública.
En su intervención, el senador de IU, José Manuel Mariscal ha criticado las leyes que definió de "anticonstitucionales" y "claramente franquistas".
Y ha señalado que la actual reforma de la Ley Hipotecaria es un "truco" que el Gobierno ha introducido "para inmatricular aún más bienes". Así, ha pedido al Gobierno que "eviten los privilegios medievales" y "no sean cómplices de ellos". Y también ha mantenido que la antigua mezquita tiene una "gestión opaca y abusiva".
En su respuesta, el ministro Ruiz Gallardón ha indicado que el senador de la federación de izquierdas demuestra "una enorme confusión jurídica", ya que mezcla la inscripción del dominio con el título de propiedad.
Y ha añadido que en el derecho español la primera "no es constitutiva de la propiedad, ni lo ha sido nunca". También ha precisado algunos otros errores formulados por el político.
Además, el titular de Justicia ha tenido que dar una lección de historia y ha dicho que hay que remontarse más allá de la inmatriculación. "Es una historia que arranca en el siglo VI", ha recordado Ruiz Gallardón, explicando que en ese lugar había una basílica cristiana que fue destruida para construir ahí la mezquita, luego más tarde convertida en iglesia de nuevo tras la reconquista. "Son trece siglos de historia", ha sentenciado el ministro.
De esta manera, el Gobierno de España ha salido al paso de la ofensiva para expropiar la Catedral de Córdoba, que se inició a mediados de febrero a través de internet y luego fue apoyada por el Gobierno regional de Andalucía.
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