Se acercan las elecciones generales en España. Alguien puede sentir curiosidad por lo que prometía el Gobierno español respecto a la atención a inmigrantes y refugiados en 2019, en su programa electoral del PSOE para esas elecciones (de la página 187 a la 194, desde el párrafo 4.47).

En 7 páginas se exponían muchas promesas, incluyendo "modificar el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de acuerdo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales y las Juntas de Coordinación de los centros") y "adecuar las normativas" sobre las devoluciones "en caliente" para adecuarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pasados 4 años de Gobierno socialista con todo el poder para poder actuar en temas de inmigración y refugiados, el Servicio Jesuita de Migraciones acaba de presentar su Informe Frontera Sur 2022, de 72 páginas, muy crítico con la situación pasado todo este tiempo.

El titular del informe, realizado por 6 expertos, dos de ellos jesuitas, es sencillo: en la frontera sur el Gobierno español "deja en el olvido al Derecho y a los derechos humanos".

Donde Habita el Olvido, informe jesuita sobre Frontera Sur española 2022.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España es una red de entidades sociales jesuitas que incluyen:

- Centro Pueblos Unidos Fundación San Juan del Castillo (Madrid),
- Centro Santo Padre Rubio (Madrid),
- Fundació Migra Studium (Barcelona),
- Asociación Claver (Sevilla),
- Fundación Ellacuría (Bilbao),
- SJM Valencia,
- la Fundación Red Íncola (Valladolid),
- la Asociación Atalaya Intercultural (Burgos),
- el Centro Padre Lasa (Tudela),
- la Asociación Loiola Etxea (San Sebastián),
- y el Área de Migraciones del Centro Pignatelli (Zaragoza).

El SJM cuenta con una oficina técnica en Madrid, un proyecto en Almería y una oficina de atención jurídica y observación de derechos en Melilla. Además, colabora con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones IUEM de la UP Comillas y la Delegación Diocesana de Migraciones en Nador (Marruecos).

Esta es la red que analiza la situación de los migrantes tras 4 años de Gobierno PSOE-Podemos.

Las irregularidades e injusticias son muchas, según se desprende del informe:

1) La embajada y los consulados de España en Marruecos se niegan a tramitar solicitudes de protección internacional cuando lo solicitan personas que no son de Marruecos (esa negativa va contra la ley, según el Tribunal Supremo)

2) La oficina de asilo en las dependencias policiales de Beni Enzar es inaccesible desde los puestos de control marroquíes para marroquíes sin visado Schengen y para extranjeros sin visado Schengen. En la práctica, sólo acceden quienes hayan entrado en Melilla fuera de los pasos habilitados a tal efecto: saltando las vallas, nadando o a bordo de una embarcación; arriesgando la vida o la integridad física; exponiéndose a ser devueltos sumariamente a territorio marroquí.

3) En 2021 y 2022 han disminuido los saltos de las vallas... porque se han reforzado en lo alto con peines invertidos y con un segundo foso en la zona marroquí.

4) Un estudio atento de las sentencias del TEDH y el Constitucional sobre el rechazo en frontera cuestiona la base legal de las devoluciones sumarias en las plazas menores de soberanía y en las aguas vecinas.

5) Hay testimonios sobre violencia policial en los rechazos en frontera practicados desde las vallas (desde 2021) y de devoluciones sumarias en las aguas contiguas a Melilla.

6) "Los obstáculos en la frontera terrestre y los medios de contención tienen carácter lesivo: concertinas en las vallas marroquíes, descalabros por apedreamiento desde el lado marroquí, fracturas por caídas desde lo alto de las vallas de quienes quedan aturdidos por los gases lanzados desde los lados español y marroquí, etc".

7) Quien desde Melilla pide protección internacional, "muchas veces se encuentra con vicios en la tramitación: abuso del procedimiento en frontera, entrevistas someras, defectos en la asistencia letrada y en la interpretación…"

8) En Melilla hay problemas específicos: en el CETI, hay personas detenidas sin base legal bajo capa de cuarentena; casos de asistencia sanitaria deficiente; no son centros adecuados para personas vulnerables ni menores, y aplican sanciones improvisadas.

Lo que propone el Servicio Jesuita de Migraciones

1) Publicar un reglamento que desarrolle la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, especialmente en lo tocante al procedimiento para solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles.

2) Dada la imposibilidad práctica de acceder a las oficinas de asilo en las dependencias policiales de los puestos fronterizos, es preciso regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canalizar el acceso seguro.

3) Es menester derogar la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: priva de sus derechos a personas necesitadas de protección internacional que no pueden acceder a las dependencias policiales de los puestos fronterizos y a menores que no van acompañados por sus familias.

4) Es preciso regular con detalle el modo de proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que cumplan con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, y no rechacen en frontera a personas con especiales situaciones de vulnerabilidad: minoría de edad, ser objeto de trata, etc.

5) En situaciones de pandemia similares a la padecida de COVID-19 es preciso abstenerse de toda forma de privación de libertad que carezca de soporte legal y de control judicial: especialmente el encierro bajo llave con custodia de empleados de empresas de seguridad privadas.

6) Hay que mantener bien dotados los equipos encargados de recoger las solicitudes de protección internacional y de examinar su admisión a trámite. Todo esfuerzo por profesionalizar su actuación es necesario para garantizar una protección efectiva.

7) Conviene acelerar al máximo el traslado desde los CETI al sistema de acogida de solicitantes de protección propiamente dicho. Sea cual sea el grado de ocupación de los CETI, es preciso garantizar un trato correcto.

En el vídeo, las entidades jesuitas en 2022 son duras contra los Centros de Internamiento de Emigrantes, ya pasada la pandemia y tras 4 años de gobierno PSOE-Podemos.