Se puede decir más alto pero no más claro. «No es moral actuar contra la Constitución». Así se expresaba este viernes 1 de noviembre el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, sobre proyecto soberanista abierto en Cataluña.
Lo hacía horas después de que medio centenar de grupos, órdenes religiosas e instituciones cristianas catalanas se sumaran al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir amparándose en la Doctrina Social de la Iglesia.
Durante una entrevista en el Debate de La 1, de TVE, el prelado explicó que «quebrantar en la acción política el marco legal de la convivencia no es aceptable desde el punto de vista moral».
Desde el primer momento, el portavoz quiso dejar claro que los obispos se han referido al nacionalismo en sendos documentos (Valoración Moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, de 2002 y Orientaciones Morales ante la situación actual de España, de 2006) no porque pretendan expresar una postura sobre un tema político, sino porque se trata de «una cuestión política con implicaciones morales en la que está en juego el bien común, la paz y la convivencia».
«Aquí hay implicaciones morales. No es lo mismo desde el punto de vista moral actuar de una manera o de otra. Solo a este marco se refiere los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal», insistió.
El vídeo de TVE se puede ver aquí, a partir del minuto 51:
Siempre en la misma línea, el prelado recordó que «los obispos han declarado que la unidad, la convivencia, la historia de España es un bien que hay que tratar con responsabilidad moral».
El secretario general de la CEE se refería concretamente al contenido de la instrucción pastoral de 2006 [se puede leer AQUÍ]. Un documento muy crítico con la mentalidad laicista que impuso entonces el Gobierno de José Luis Zapatero y su vía libre al soberanismo catalán.
Entonces los obispos españoles afirmaron: «La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. (...) Es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?».
El tono del texto era mucho más suave que el de la instrucción pastoral de 2002, en el que la amenaza terrorista estaba aún a la orden del día.
En diciembre de ese año, los prelados reunidos en Asamblea Plenaria aprobaban un documento en el que aseguraban que «poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, es inadmisible».
Salvo en estos sendos documentos, los organismos responsables de tomar decisiones dentro de la Confererencia Episcopal Española siempre se han mantenido al margen del debate soberanista. Su principal preocupación ha sido la deriva secularizadora del nacionalismo.
Mientras algunos obispos catalanes dirimen sobre cuestiones políticas, sus iglesias y seminarios están cada vez más vacíos. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2011, el 62,3 por ciento de los catalanes admitían ser católicos, diez puntos por debajo de la media española.
En el curso pasado, además, en el seminario diocesano de Madrid había 136 seminaristas, contra los 22 que se formaban en el de Barcelona. La financiación de la Iglesia catalana también está a la cola. El porcentaje de catalanes que marcaron la «x» en la casilla de la Iglesia el año pasado fue del 25 por ciento, diez puntos por debajo de la media española.