Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos se pusieron de acuerdo este miércoles en las Cortes de Castilla y León y aprobaron una iniciativa socialista para garantizar que en los hospitales públicos de la comunidad autónoma se practiquen abortos.

Solamente el único procurador que tiene Vox en el parlamento regional, Jesús García-Conde del Castillo, votó en contra.

Actualmente, en casi ningún hospital público de Castilla y León se practican abortos, dada la objeción de conciencia planteada por los médicos, por lo cual las peticiones de las madres que quieren abortar se derivan a abortorios privados o a hospitales públicos de comunidades limítrofes. Los grupos aprobaron una actualización de los registros de objetores de conciencia donde los haya, y de su creación donde nos los haya. El texto enmendado y aprobado incluye además la gratuidad de los métodos anticonceptivos para personas con escasos recursos económicos, algo que en la iniciativa original se ofrecía solo a los jóvenes.

"Solo en las Cortes, pero no en la calle"

"Estoy solo en las Cortes, pero no en la calle, donde cada vez más gente apoya la vida", afirmó García-Conde a ReL, al preguntársele por el consenso de todos los partidos, salvo el suyo, en una medida destinada a facilitar el aborto: "No creo, por ejemplo, que lo que han votado los procuradores del PP responda a lo que piensan el cien por cien de sus votantes".

Del mismo modo, García-Conde se ha mostrado sorprendido del argumento esgrimido por el representante del Partido Popular, Alejandro Vázquez: "No esperaba que un partido que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto de 2010 se acogiese a una excusa legalista para votar a favor de impulsarla".

Diez años de silencio del Tribunal Constitucional sobre un derecho fundamental

Vázquez había alegado que su formación "respeta las leyes, las que le gustan y las que no le gustan", obviando el hecho de que el PP gobierna la región ininterrumpidamente desde 1987, y con mayoría absoluta hasta 2019, y por tanto votar a favor de la proposición no de ley socialista implica enmendar su propia aplicación de la ley para favorecerla.

El recurso presentado por el PP y por el Gobierno de Navarra ante el Tribunal Constitucional contra la denominada como Ley Aido, de aborto libre dentro de las 14 semanas de gestación, cumplió el 1 de junio diez años. Desde entonces se han producido un millón de abortos sin que el Tribunal Constitucional haya considerado pertinente pronunciarse sobre una ley que afecta a un derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española. 

Derecho a la vida frente a terminación deliberada de la vida

En su intervención ante las Cortes, García-Conde justificó el voto negativo de su grupo por ser "un decidido defensor del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural": "Lo que la Ley llama interrupción voluntaria del embarazo", añadió, "no es más que es un eufemismo que esconde la terminación deliberada de la vida por medios quirúrgicos o farmacológicos, que deberían quedar al margen de la sanidad pública".

Recordó que si no se practican abortos en los hospitales públicos, es porque "la gran mayoría de los profesionales sanitarios no está de acuerdo en participar en estas intervenciones", y advirtió del peligro de que "no se guarden las medidas de confidencialidad en los registros de objetores o se acaben filtrando, y sólo sirvan para estigmatizar a muchos profesionales".

Propuso que "se fomente la natalidad a través de la ayuda a las mujeres embarazadas, asegurando que reciben de forma neutral toda la información a la que tienen derecho, tanto en lo referente a su embarazo, como en lo relativo a las alternativas al aborto". Asimismo, que se implemente "un protocolo de atención a adolescentes embarazadas" y a "familias que esperan un hijo con malformaciones o anomalías graves" porque "todas las vidas son igual de dignas".

Por último, y dado que la iniciativa pide además "reforzar la educación afectivo-sexual de niños y niñas y jóvenes", y la "prevención de embarazos no deseados", García-Conde defendió que "estas cuestiones, al afectar al ámbito de los propios valores y convicciones, pertenecen a la esfera familiar y a la educación que debe darse a los hijos por parte de sus progenitores o tutores legales o en quien ellos deleguen expresamente".