El martes 16 de julio se presentó en Madrid el informe “La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda”, un informe de la Fundación FOESSA y de Cáritas Española que no sólo señala los problemas sino propone medidas para mejorar.

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), con 40 años de experiencia en el análisis social, y Cáritas Española, contaron en el acto de presentación con las intervenciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora; uno de los autores del estudio, el arquitecto José León Paniagua; y el coordinador del informe, el sociólogo y voluntario de Cáritas, Víctor Renes.


 Sebastián Mora se refirió al impulso dado por Cáritas en los últimos cinco años para garantizar el derecho a la vivienda como auténtico espacio “socialización y de fraternidad” de las personas.

Soledad Becerril explicó el seguimiento que está llevando a cabo su oficina para paliar los efectos adversos de los lanzamientos hipotecarios y hacer posible que ese sea siempre el “último, último, último recurso, en casos extremos, como respuesta a una situación de impago o endeudamiento”.

Tanto José León como Víctor Renes explicaron, por su parte, los ejes temáticos del informe, cuya clave de análisis del modelo residencial parte de considerar la vivienda como un bien para la satisfacción de una necesidad y no como, sucede en España, un objeto de inversión para el beneficio. Una idea que pasa por entender que el alojamiento de la población en condiciones adecuadas es un satisfactor que garantiza la necesidad básica de subsistencia y de salud.


La vivienda es un espacio vital, imprescindible para la socialización, para ser parte de una sociedad, lo que convierte en un factor de inclusión social de primer orden. 

Para ello, el estudio se estructura en cuatro grandes apartados:

- el modelo de producción de vivienda en propiedad y la producción como finalidad e inversión
- el acusado y permanente desajuste entre oferta y demandas o necesidades de vivienda
- el equilibrio y desequilibrio en la ordenación del territorio y su impacto en la estructura y en la cohesión social
- la colisión de los tres factores anteriores con la necesidad de un modelo residencial que responda a la exigibilidad de la vivienda como un derecho. 


El resultado de este nuevo trabajo conjunto de la Fundación FOESSA y Cáritas arroja, por una parte, la constatación de un fracaso reiterado de una política económica y social, y la imposibilidad de reclamar la efectividad de un derecho, y, por otra, la expresión de una esperanza expresada a través de unas propuestas alternativas a la situación actual que, en relación con la política de vivienda, requieren un largo plazo de aplicación para obtener resultados efectivos.


Entre los ejes y propuestas señalados en el informe para avanzar hacia una política nueva de vivienda, cabe señalar los siguientes:

1. Desarrollo del mandato constitucional a los poderes públicos en el acceso, sostén y garantía de una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental.

2. Desarrollo del patrimonio público de suelo cumpliendo con la legislación vigente.

3. La totalidad de las ayudas (a promotores y familias) se deben concentrar en la VPO en alquiler y en el fomento del alquiler de vivienda en general.

4. Desarrollo de vivienda pública en alquiler (nueva y rehabilitada), de promoción directa. Para lograr este objetivo, los Planes de Vivienda deben incluir medidas de fomento (financiación, suelo, fiscalidad, etc.), excluyendo cualquier ayuda a la compra de cualquier tipología de vivienda.

5. Ayudas a la inversión en la ciudad consolidada frente a la producción de nueva vivienda y fomento de actuaciones de rehabilitación integrada de barrios mediante intervenciones en colaboración con otros sectores sociales (empleo, formación, etc.).

6. Fomento de la ocupación de vivienda vacía mediante ayudas combinadas al alquiler y la rehabilitación, con la participación de las agencias regionales de alquiler y rehabilitación de vivienda.

7. Inversión en gestión integrada de vivienda y condiciones de vida, desarrollando agencias públicas de intervención en alquiler de vivienda y rehabilitación integrada de conjuntos urbanos degradados física y socialmente.

8. Desarrollo de un sistema de información residencial que produzca información fiable e independiente y actualizada que permita formular medidas adaptadas a necesidades específicas y de calidad.

9. Reformulación de los actuales Planes Cuatrienales de Vivienda en función de objetivos globales de política de vivienda (alquiler, social, rehabilitación integrada y promoción pública de vivienda en alquiler).

10. Desarrollo de estrategias de planeamiento urbanístico y residencial de carácter supramunicipal y suprarregional, con sistemas de control y participación y decisión públicas, que sirvan para luchar contra la corrupción urbanística e inmobiliaria.

En resumen, los conceptos en los que para los autores del informe deberían concentrarse todas las ayudas en materia de vivienda, serían:
- alquiler social,
- rehabilitación integrada,
- intervención pública y diversificación del modelo de acceso que, junto a la regulación del derecho a la vivienda, constituyen los ejes claves de la política de vivienda.