Escuelas Católicas ha pedido una reunión urgente con la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra.
La plataforma, que agrupa a más de 2.000 de colegios religiosos en España y representa el 15 % del total del sistema educativo y el 58 % de la enseñanza privada concertada, con 1,2 millones de alumnos, está molesta con el informe de la Fiscalía General del Estado (a instancias de la ministra Delgado) sobre abusos sexuales a menores en entornos católicos. Acusan al informe de "falta de rigor".
¿Evitar verificaciones internas? Absurdo
Los responsables de Escuelas Católica consideran "sorprendente" que el informe de Fiscalía diga que en escuelas o parroquias «se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las autoridades competentes».
Es sorprendente porque es una idea «contraria, no solo a la más elemental prudencia, sino también a las indicaciones de la mayoría de los protocolos de las Consejerías de Educación, e incluso de otros sectores como el deportivo, que recomiendan una primera evaluación de la situación que permita determinar si existen sospechas o indicios razonables de hechos delictivos susceptibles de ser informados o denunciados a las autoridades».
Evitar saturaciones, agilizar los procesos
Además, «prescindir de una mínima comprobación inicial sería judicializar hasta el extremo la vida de los centros, saturar la Justicia, exponer a los menores innecesariamente y arrasar el derecho a la presunción de inocencia. Todo ello no debe ser visto como un intento de ocultación, sino como un ejercicio responsable de las funciones de los profesionales, que ante un mínimo indicio razonable, tal y como recomendamos en nuestros protocolos, informarán o denunciarán ante los órganos competentes».
Según explican, «la primera valoración es la que puede llegar a permitir una actuación rápida que, de esperar a los plazos administrativos, podría retrasar medidas urgentes imprescindibles».
«Aprovechamos también para solicitar al Ministerio que promueva medidas que agilicen la atención a estos casos que eviten situaciones tan graves como no poder apartar a un sospechoso de los menores mientras una investigación se prolonga en el tiempo de manera preocupante», piden las escuelas.
María José Segarra es la Fiscal General del Estado
Un documento sin rigor
Escuelas Católicas critica también la falta de rigor del documento de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía demuestra tener datos de "escritos de acusación, sentencias y diligencias de investigación incoadas entre 2017 y 2019 que corresponden al conjunto de la sociedad española", pero no tiene datos sobre su relación con las entidades católicas. De hecho, al dar números sobre sentencias, ni siquiera especifica cuántas fueron condenas y cuántas absoluciones.
Por eso, extraña que «el compromiso del Ministerio Fiscal en una eficaz respuesta frente a estos delitos se circunscribe únicamente al ámbito de Iglesia católica, apoyándose de forma exclusiva, y ciertamente inexacta, en que ‘los medios de comunicación se han hecho eco de numerosos casos de agresiones o abusos sexuales cometidos en el entorno de instituciones religiosas católicas’".
Escuelas Católicas recuerda que según estimaciones de la OMS, casi el 80% de los abusos a menores se dan en el entorno familiar. Esta cifra sería del 73% en España, según la Fundación ANAR.
Escuelas Católicas rechaza además «la presunción que hace el referido Informe cuando, sin la más mínima justificación, considera a los centros de enseñanza e instituciones religiosas católicas como ‘entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad’, toda vez que se está haciendo un ejercicio real de transparencia y de responsabilidad».
Medidas que Escuelas Católicas ha tomado en años recientes
«Escuelas Católicas está poniendo desde hace tiempo todos los medios a su alcance en la prevención y actuación contra estos delitos», insisten.
A este respecto, en 2014, Escuelas Católicas propuso al entonces ministro de Justicia la obligatoriedad de presentar un certificado negativo de delitos sexuales como requisito para la contratación de personal en centros educativos y entornos con menores, que fue aprobado un año después.
En 2016, Escuelas Católicas elaboró y remitió a todos sus asociados un modelo de Manual de Conducta o Código Ético.
En 2019, elaboró su Decálogo de actuación. Además, actualmente está trabajando en un Protocolo laboral ante situaciones de abusos y en una Guía para ayudar a los centros a prevenir y atajar cualquier caso de abuso sexual.
Por todo ello, Escuelas Católicas «reitera su compromiso de tolerancia cero con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y de la sociedad en general y manifiesta su compromiso de colaboración en la erradicación de esta lacra, comenzando por garantizar la seguridad en su seno».
De hecho, «Escuelas Católicas, como parte de la Iglesia española, ve en esta situación una oportunidad de convertirse en pionera en las garantías de seguridad para los menores y los colectivos en situaciones de vulnerabilidad y está trabajando en ello cada día para lograrlo».