El arzobispado de Burgos ha anunciado mediante una nota pasadas las siete de la tarde del lunes que "ha quedado presentada la demanda en el juzgado competente para que las exreligiosas abandonen el monasterio".

La nota no usa la palabra "desahucio" ni "desalojo", pero implica la petición a la autoridad judicial, y llegado el caso policial, para que se actúe expulsando a las ex-religiosas de los inmuebles que pertenecen a la Iglesia y la congregación clarisa. La petición la hace el arzobispo Mario Iceta en su papel de delegado pontificio encargado por el Papa de tratar el asunto.

Para la iglesia se trata de diez mujeres sobre las que pesa la excomunión y la expulsión de la vida consagrada por haberse "adherido al cisma".

La nota del obispado lo explica así: "El pasado 13 de mayo, Dña. Laura García de Viedma, en ese momento abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado, difundió públicamente un documento, en nombre de la comunidad, en el que manifestaba su libre voluntad de abandonar la Iglesia católica. Tras la investigación previa canónica, y tras agotar los recursos que les invitaban a reconsiderar su salida de la Iglesia católica, el pasado 22 de junio se declaró la excomunión y expulsión de la vida consagrada de las diez hermanas que se habían adherido al cisma. Como consecuencia, a partir de ese momento, dichas exreligiosas carecen de título legal para habitar los inmuebles pertenecientes a los monasterios que ocupaban".

"Después de un período prudencial de espera, comprobado que no ha habido ningún intento de reconsideración por parte de las exreligiosas, los servicios jurídicos han procedido a interponer la demanda correspondiente ante el Juzgado de Briviesca", continua la nota.

Preocupación por las monjas ancianas

El arzobispado aprovecha para recordar que las maniobras de las ex-monjas para intentar crear otras figuras jurídicas no han surgido efecto.

"En este tiempo de espera, se ha tenido conocimiento de la denegación de la inscripción en el oportuno registro del Ministerio del Interior de las asociaciones que las exreligiosas habían creado con las que pretendían transformar las entidades jurídicas canónicas de los monasterios en asociaciones civiles, algo que es jurídicamente inviable", detalla la nota.

La comisión gestora que atiende el tema de Belorado desde el obispado recuerda además "su preocupación por el estado de salud y el cuidado de las cinco hermanas mayores, que conforman la comunidad monástica, y está preparada para atender cuanto antes todas las necesidades que precisen, con la colaboración de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y de sus familiares".

Y finaliza la nota asegurando que "la Iglesia vuelve a manifestar su disposición a ayudar en el camino de retorno a la comunión eclesial, donde serían acogidas con delicadeza y misericordia, a imagen de la parábola del hijo pródigo".

Paseantes junto a la entrada del convento de la Bretonera en Belorado, donde un día podría venir la Guardia Civil con una orden de desahucio:

Desahucio: mínimo 9 meses, quizá hasta 3 años

El periodista José Ramón Navarro-Pareja en ABC ha consultado a expertos que consideran que el procedimiento de desahucio durará como mínimo 9 meses, pero puede incluso prolongarse "hasta dos o tres años" debido a la complejidad del caso. Esto habría llevado al obispado a esforzarse por preparar minuciosamente el texto de la demanda antes de presentarla.

ABC detalla que el procedimiento incluyó un "informe de vulnerabilidad" que el arzobispado de Burgos solicitó al Centro de Atención Social (CEAS) de Belorado a principios de verano, cuyos resultados le entregaron a finales de julio.

La trabajadora social de Belorado entró en el monasterio y se entrevistó con las 15 mujeres que había allí entonces. La trabajadora les explicó a las exreligiosas que preparaban un informe de vulnerabilidad con la finalidad de proceder al "desahucio de su vivienda habitual". La excepción eran las cinco más ancianas -muy frágiles, una de ellas de casi 100 años-, que el obispado considera que no son cismáticas y que constituyen hoy parte de la legítima comunidad de clarisas.

Posible estrategia de las rebeldes

Los expertos que ha consultado ABC sospechan que las rebeldes tratarán de entorpecer o aplazar el desahucio alegando usucapión, la figura jurídica que usa quien ha ocupado un inmueble con permiso del propietario durante décadas o por tradición inmemorial. Pero lo cierto es que estaban en ese inmueble en tanto que eran clarisas y por ser clarisas, y desde el 22 de junio dejaron de serlo.

Tarde o temprano, parece que un juez ordenará a las mujeres salir del monasterio con sus bienes personales dándoles un plazo de tiempo suficiente. Si no lo hicieran voluntariamente, acudiría la Guardia Civil con funcionarios de Justicia.

Es probable que antes algunas de ellas recapaciten y se acojan a esa "delicadeza y misericordia, a imagen de la parábola del hijo pródigo" que el obispado insiste en ofrecer. Está por ver cuántas y cuándo.