El BNG tiene decidido incluir en sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2013 un recorte del 35% en la financiación pública que recibe la Iglesia católica y otro 20% en la asignación prevista para la Casa del Rey, según adelantaron a Europa Press fuentes de la formación nacionalista.
En cuanto a la financiación de la Iglesia católica, el BNG apuesta por una rebaja del 35% de la asignación tributaria con la finalidad de que "la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis, tal y como se ha efectuado con las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal, y hasta que se produzca la progresiva adaptación de la Iglesia católica a su autofinanciación.
Por otro lado, el BNG pide que no se retrase hasta 2014 en estas cuentas la entrada en vigor de la extensión a un mes del permiso de paternidad cuando, a su juicio, en una situación de crisis económica lo "prioritario es atender el gasto y las necesidades sociales".
Igualmente, propone en otra enmienda que se mantengan los plazos de entrada de nuevos dependientes al sistema de dependencia, desde que se retrasara ya en 2012 la entrada de dependientes moderados.
Al mismo tiempo, quiere que se restituya la partida del Fondo de Integración de Inmigrantes en 2013 porque, sólo así, dice que el Gobierno muestra "su carácter antisocial y su incapacidad de hacer frente a la crisis económica sin reducir derechos de las personas y colectivos más vulnerables".
En otra enmienda, el BNG ha vuelto ha reclamar una rebaja de la asignación presupuestaria de la Casa del Rey, que para 2013 está cifrada en 7,93 millones de euros.
Esta vez los nacionalistas gallegos piden que esa partida se reduzca un 20 por ciento, en la misma proporción que el Gobierno ha decidido reducir las subvenciones públicas a los partidos políticos.
Además del BNG, otros partidos como UPyD e IU-ICV-CHA presentarán enmiendas para reducir en distintas proporciones la asignación que se pone a disposición del Jefe del Estado. ERC opta directamente por suprimirla, fijando a cambio un sueldo anual al Rey por la misma cuantía que al presidente del Gobierno.