En el mismo día en que se confirma que el Tribunal Supremo español anuncia que investigará al vicepresidente Pablo Iglesias por posibles asuntos de corrupción, su compañera sentimental, la ministra de Igualdad Irene Montero, anuncia que el Gobierno de PSOE-Podemos derogará la actual ley del aborto (del PSOE, de 2010, con retoques del PP en 2015) por no dar suficiente libertad para abortar.

No concretó fechas ni procedimientos para esta derogación, que parece un gesto de cara al votante de izquierda más radical que ve desgastado su entusiasmo por la labor de gobierno de Podemos.

En el pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya se adelantaba que se «favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010», es decir, mencionando la Ley del Aborto de Zapatero, que era prácticamente como la que retocó el Partido Popular, aunque dificultando algo más el aborto de las adolescentes de 16 y 17 años (requería el consentimiento de los padres de las chicas). Con la modificación, las adolescentes de 16 y 17 años necesitarían permiso escrito de sus padres para ir de excursión con la escuela y mil asuntos más de poca relevancia, pero no para abortar. Además, los padres no sabrían del drama de su hija (y nieto/s) hasta que fuera demasiado tarde.

Más anticoncepción y educación sexual

Irene Montero además ha prometido que su nueva ley garantizaría «el mejor acceso posible a la anticoncepción», con las «formas más novedosas» y a recibir una «educación sexual y afectiva» contra los embarazos no deseados y contra «las violencias machistas».

Puesto que en España la educación está transferida a las comunidades autónomas y además las escuelas tienen bastante autonomía, no está muy claro cómo puede lograrse una educación así a golpe de decreto desde el Gobierno.

La ley de aborto de Zapatero de 2010 es insólita en la historia legal de España porque hace diez años ya que 50 diputados pidieron al Tribunal Constitucional que examinara su posible inconstitucionalidad y después de una década y unas 900.000 vidas humanas abortadas el Constitucional sigue sin pronunciarse. (La asociación E-Cristians ha pedido al PP que reclame al Constitucional que responda de una vez). 

Desde 2010, es legal el aborto a petición, sin aducir causa alguna, si se hace en las primeras 14 semanas de embarazo. Para abortar fetos mayores de 14 semanas pero menores de 22, basta con que un médico de la clínica abortista diga -sin ningún control externo- que hay riesgo psíquico para la embarazada (por ejemplo, de ansiedad o depresión). El médico de la clínica puede también proclamar que había "urgencia por riesgo vital" y prescindir de otro dictamen. Se pueden matar bebés de cualquier edad, hasta el día mismo del parto, "cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".

Desde 2015 más muertes que nacimientos, pocas mujeres fértiles

Desde 2010 se ha reducido ligeramente el número anual de abortos en España, pero se debe sobre todo a que muchas mujeres fértiles emigrantes dejaron el país con la crisis económica y a que hay muy pocas mujeres españolas en edad fértil (las mujeres españolas tienen hoy, como media, 44 años).

Desde 2015 España tiene más defunciones que nacimientos.

En su rueda de prensa, la ministra Montoro ha hablado de «vencer al machismo y el heteropatriarcado». Pedirá por ley "planes de igualdad" a todas las empresas de más 50 trabajadores y suscitará un debate público sobre "¿a qué dedican los españoles y las españolas el tiempo, cómo se reparten el tiempo?».

También concretó que en diciembre el Gobierno aprobará algo llamado "Estrategia LGTBi" porque «la ciudadanía española está lejos de poder amar a quien quiere con libertad», ha considerado Montero.