En la Comunidad de Madrid hay más de 1,2 millones de alumnos que van desde la educación infantil hasta bachillerato. En total y contando todas las etapas, más del 54% del total (664.717 alumnos) acuden a centros públicos, un 29,9% (367.471) eligen educación concertada, mientras que un 15,9% (195.000) asisten a colegios privados. En total, en la región hay 558 centros concertados.
Viendo estas cifras se observa que tres de cada diez familias utilizando su libertad para educar a sus hijos según sus convicciones, tal y como defiende la Constitución, han querido llevar a sus hijos a colegios concertados. Una cifra muy importante.
Sin embargo, el Gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez inició desde su llegada al poder una campaña de acoso y derribo contra los colegios concertados (muchos de ellos católicos) y también contra los de educación especial. Y la nueva ley de Educación que está tramitando el Ejecutivo ahonda en este ataque sin precedentes contra la libertad de los padres con el objetivo de ahogar y hacer desaparecer poco a poco estos centros.
Una ley para defender a las familias
Ante esta ofensiva y viendo la cantidad de familias madrileñas que eligen esta educación concertada, la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, ha anunciado esta semana durante el debate del estado de la región que va a "blindar" la educación concertada y especial ante los ataques del Gobierno socialista.
Para ello, anunció un proyecto de ley en defensa tanto la educación especial como para la concertada, en el marco de la libertad de elección de las familias madrileñas, “hoy seriamente amenazada por distintas fuerzas políticas”.
Por otro lado, la presidenta de Madrid mostró su “firme” apoyo a la Educación Especial, como modalidad de escolarización “para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, modelo con el que, bajo empecinados criterios dogmáticos, pretenden acabar”, ha señalado la presidenta.
Los ataques a la educación concertada ante el objetivo de eliminar la “demanda social”, lo que en la práctica acaba con la libertad de padres y centros, ha unido en un frente común a padres, colegios y profesores para hacer frente a una vulneración de los derechos que emanan de la Constitución de la que tanto presume el Ejecutivo.