El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, anuncia que ha iniciado una ronda de contactos con asociaciones del ámbito educativo para organizar una reunión en la que estudiar las medidas anunciadas por la ministra de Educación y Formación  Profesional, Isabel Celaá, que atacan frontalmente los derechos y libertades de los padres y de la comunidad educativa.

De momento, “todos los actores contactados han expresado su preocupación por lo anunciado y se han mostrado dispuestos a reunirse y analizar la situación desde todos los puntos de vista implicados“.

De este modo, agrega que “aún faltan entidades, con las que contamos y no hemos podido comunicarnos, pero creemos que en breve podremos anunciar las fechas de las primeras reuniones“.

Sectarismo y falta de sensibilidad

Para García-Juliá, “la Educación en España necesita una reforma profunda, pero lo que necesita un Pacto de Estado que acabe con estas situaciones cíclicas de cambio de partido en el poder y cambio en las leyes educativas. En este caso, el PSOE, con un sectarismo y una falta de sensibilidad patentes frente a quienes no piensan como ellos quiere asaltar la escuela y utilizarla para controlar las conciencias de las próximas generaciones, saltándose los derechos y libertades de los padres en la educación de los hijos, así como del resto de la comunidad educativa“.

“Confiamos en que el Gobierno se detenga a reflexionar y se dé cuenta de que ni son formas de abordar un asunto fundamental como es la Educación, ni cuenta con respaldo parlamentario suficiente para abordar una reforma de tanto calado, y que tendrá que afrontar una respuesta social al menos tan contundente como la de Educación para la Ciudadanía”.

En el caso de que no sea así, nos encontraremos en el mismo escenario que con EPC, algo “nada recomendable para nadie. Ni para los alumnos, en primer lugar, ni para los padres, profesores y centros escolares, ni, por supuesto, para el Gobierno, que encontrará a la sociedad civil enfrente, con todas las acciones que se deban llevar a cabo y una judicialización de la educación que creará inestabilidad en las aulas“.