Durante años en numerosos edificios públicos, tanto de Ayuntamientos, estatales o de comunidades autónomas, se han estado colgando banderas LGTB con motivo del Orgullo Gay. Y lo han hecho gobernantes socialistas, nacionalistas, de extrema izquierda, pero también del PP.
Sin embargo, desde hace meses se han venido produciendo sentencias judiciales contra el izado de estas banderas en edificios públicos. La última ha sido esta semana en Zaragoza,
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Zaragoza ha anulado la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de colgar la bandera LGTBI en la fachada de su sede en junio de 2020.
La sentencia da la razón a la Asociación de Abogados Cristianos que recurrió la colocación de esta enseña en el edificio público con motivo del Día del Orgullo. El juez asegura que dicha actuación administrativa no es conforme a Derecho y por tanto “queda anulada y sin efecto”.
No es la primera resolución en este sentido
El juez justifica su decisión en la doctrina del Supremo que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos”.
No es la primera vez que la justicia da la razón a Abogados Cristianos en este sentido. La Diputación de Valladolid ya fue condenada por el mismo motivo tras la denuncia de la organización de juristas.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra la sentencia. Confía en que “estas sentencias sirvan para que los mandatarios públicos dejen de utilizar las instituciones para promover su ideología”.